Dos recursos, presentados el 29 de septiembre ante el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo, son la respuesta de Google a lo que la Comisión Europea le impuso en julio. Las decisiones la obligan a compartir datos anonimizados de búsqueda con buscadores y chatbots rivales, y a dar a los asistentes de inteligencia artificial competidores las mismas 11 funciones de Android que hoy aprovecha Gemini, según The Next Web. Además, la compañía solicitó medidas cautelares para frenar la orden sobre los datos mientras se resuelve el fondo. Si el tribunal no interviene, los calendarios se mantienen: el intercambio de datos empieza en enero de 2027 y Android debe abrirse, como tarde, el 1 de agosto de ese año.
Los jueces tendrán que responder algo que la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) no resolvió cuando entró en vigor en noviembre de 2022: hasta qué punto una autoridad puede forzar a una plataforma dominante a ceder a sus competidores los recursos que respaldan su ventaja. En este caso, lo que se pelea es quién tendrá lugar en la búsqueda con IA y en los asistentes del teléfono.
obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios
Lo que exigió la Comisión en julio
Dos procedimientos de especificación, la herramienta de la DMA con la que el regulador precisa cómo debe cumplir sus obligaciones un guardián de acceso, se abrieron el 27 de enero de 2026. Se cerraron el 16 de julio con sendas decisiones vinculantes.
La primera baja a detalle el artículo 6(7), que impone interoperabilidad efectiva con las funciones del sistema operativo. Según la ficha que difundió la Comisión, cubre 11 funciones de Android repartidas en cuatro grupos: invocación, contexto, acciones sobre apps y sistema, y acceso a recursos. Figuran la escucha permanente de la palabra de activación, la automatización de la pantalla y los modelos de IA que se ejecutan dentro del teléfono. Casi todas deben quedar disponibles con Android 18, antes del 1 de agosto de 2027. Detectar a la vez las palabras de activación de varios asistentes tiene plazo hasta Android 19, con límite el 1 de agosto de 2028. En cinco funciones que se consideran sensibles, Google podrá exigir condiciones de elegibilidad objetivas.
Usuarios y asistentes verían el cambio así, según explicó la Comisión: una persona llamaría por voz al asistente que prefiera, igual que hoy dice «Hey Google», y le pediría apartar un taxi o proponer respuestas en una conversación.
La segunda decisión aplica el artículo 6(11). Este exige al buscador designado compartir, en términos justos, razonables y no discriminatorios, datos anonimizados de clasificación, consultas, clics y visualizaciones. En el documento técnico de la Comisión, los chatbots de IA con funciones de búsqueda aparecen entre los posibles receptores. Quien aspire a recibir la información debe cumplir tres condiciones:
- Llevar al menos dos años operando en la UE, o haber reunido más de 50 millones de euros de capital si es más nuevo.
- Tener un promedio de 50,000 usuarios mensuales en la Unión.
- Procesar los datos en el Espacio Económico Europeo o con garantías equivalentes a las del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El proceso de anonimización borra identificadores como las direcciones IP y elimina las consultas muy largas o con palabras raras. A cada usuario lo mezcla con al menos 1,000 personas que coinciden en ubicación, dispositivo e idioma, y 95 % de ellos queda en grupos de 25,000 o más. No se incluyen los historiales de búsqueda ni los datos de cuentas. La entrega sufrirá un desfase mínimo de siete días, y el uso permitido se limita a mejorar servicios de búsqueda, incluida la fundamentación de las respuestas de chatbots. Quedan prohibidos el entrenamiento de modelos de IA de propósito general, la elaboración de perfiles de consumidores y la optimización de publicidad. En cuanto al precio, debe cubrir los costos incrementales de Google más una ganancia razonable, sin pasar del costo de capital de Alphabet.
Privacidad y seguridad: cada lado defiende lo suyo
Para Oliver Bethell, director sénior de competencia de Google, «obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios», según The Next Web. La firma sostiene, además, que abrir Android debilitaría la seguridad de los teléfonos. En un comunicado que retomó Reuters, y donde se menciona a OpenAI entre los posibles beneficiarios, Google afirmó: «Estamos apelando decisiones que nos obligarán a compartir el historial de búsqueda privado de las personas».
Un vocero de la empresa, al fundamentar la solicitud de medidas cautelares, indicó que estas «se aplican a casos que presentan un riesgo de daño grave» y que la orden sobre los datos genera ese riesgo para la privacidad de los usuarios europeos, según Yahoo Finance.
Desde la Comisión se replicó, según esa misma fuente, que sus decisiones «toman en cuenta las funciones de seguridad y la protección de los datos personales de los usuarios finales». El regulador señala que el método de anonimización se elaboró con especialistas en privacidad y que sigue el borrador de directrices conjuntas sobre cómo se articulan la DMA y el RGPD. Un examen independiente lo revisará y de ahí podrían salir correcciones. Por su parte, Google tiene la facultad de negar los datos a empresas que supongan riesgos graves de ciberseguridad o de privacidad.
DuckDuckGo tomó partido por el regulador. Dijo que las reglas de anonimización son sólidas y que el recurso solo sirve para que Google gane tiempo, según The Next Web.
Las multas que ya dejó la DMA
El 6 de septiembre de 2023 Alphabet quedó designada guardián de acceso, y ocho de sus servicios caen bajo la ley, entre ellos el buscador, Android, Chrome y Google Play. Según el sitio oficial de la DMA, las multas pueden llegar a 10 % de la facturación mundial anual, y a 20 % si hay reincidencia.
Los primeros castigos se aplicaron en abril de 2025: la Comisión sancionó a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones. Siete días después de dictar las órdenes que hoy se impugnan, el 23 de julio de 2026, Google recibió una multa de 890 millones de euros. De ese monto, 460 millones corresponden a dar preferencia a sus propios servicios en los resultados de búsqueda y 430 millones a impedir que los desarrolladores de Google Play avisaran de ofertas más baratas fuera de la tienda.
Calendario: qué vence y cuándo
Presentar el recurso no deja en pausa las decisiones. Para congelar la orden de compartir datos antes del fallo definitivo haría falta una resolución favorable en las medidas cautelares.
Entretanto, los plazos de la Comisión siguen corriendo. De acuerdo con el documento técnico, Google tiene cuatro meses desde la decisión, es decir hacia noviembre de 2026, para tener listo el conjunto de datos anonimizados con sus especificaciones, y seis meses, o sea enero de 2027, para cerrar su oferta de precios. Los beneficiarios pasarán una auditoría independiente antes de acceder a la información y, después, por lo menos una vez al año.
En Android el límite es el 1 de agosto de 2027. Lo que determine el Tribunal General se podrá apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE, última instancia del bloque.