Agua turbia desde febrero, alerta sanitaria negada y gas lacrimógeno contra la marcha tapatía por agua limpia en Jalisco

Desde febrero, la Secretaría de Salud de Jalisco tenía registrados en la zona metropolitana más casos de diarrea que el promedio de los últimos siete años. En julio pidió a la población que no usara el agua de la llave, ni siquiera para lavarse los dientes. Y el 7 de octubre, el gobierno de Pablo Lemus volvió a afirmar que «no existe alerta sanitaria». Entre un hecho y otro transcurrieron siete meses de agua turbia en cientos de colonias de cinco municipios. El domingo 11 de octubre, miles de personas caminaron de la Minerva a Casa Jalisco para exigir agua limpia y fueron recibidas con gas lacrimógeno.

En esos siete meses, el gobierno estatal contó con datos, advertencias y recomendaciones para actuar. Lo que muestran los documentos y reportes revisados:

Esas 600 colonias ya las tenemos identificadas

• Salud informó a la CEDHJ de un exceso de casos de diarrea y, meses más tarde, negó en público cualquier aumento atípico.
• La cifra oficial de colonias afectadas subió de 176 a 342, cuando la CEDHJ ya contaba 600.
• La fuente que hoy el gobierno presenta como causa del problema fue denunciada ante la CEDHJ en 2022 y se dejó de usar en octubre de 2026.
• La mayoría del Congreso evitó que el secretario de Salud rindiera cuentas.

El oficio de febrero que Salud mandó a la CEDHJ

El documento más revelador de la crisis no salió de un activista: lo escribió la misma Secretaría de Salud. Fue un oficio dirigido a la CEDHJ, que quedó integrado a la Recomendación 10/2026. En él, la dependencia señaló que en la zona metropolitana «a partir de la semana epidemiológica 6, la línea de casos incidentes se encontraba por encima de la media sin alcanzar la zona de brote en el canal endémico respecto a los últimos 7 años». Hablaba de la enfermedad diarreica aguda. La semana 6 es la segunda de febrero, es decir, anterior incluso a que los reportes vecinales de agua café se volvieran noticia.

El mismo oficio reconoce que Salud ignoraba qué colonias recibían agua de la presa Las Pintas, la fuente que meses después el gobierno identificaría como origen del problema. La autoridad sanitaria veía aumentar las diarreas y no sabía a qué hogares llegaba el agua bajo sospecha.

Lo que avisaron académicos, ITESO e IMDEC

A finales de febrero empezaron los reportes de agua café y con mal olor. En marzo, el SIAPA admitió que el problema tocaba a entre 9 % y 10 % de las 1,840 colonias bajo su servicio, y lo achacó a descargas clandestinas en el Sistema Antiguo de abastecimiento, levantado en 1956, según El Imparcial.

El 18 de marzo, académicos de la Universidad de Guadalajara solicitaron declarar alerta sanitaria. La investigadora Aida Alejandra Guerrero de León halló en Tonalá y en el oriente de Guadalajara una turbiedad cercana a 40, frente a un máximo de tres que, dijo, marca la norma. Alertó sobre algas en la presa Calderón que pueden liberar microcistinas, y sobre parásitos como Giardia. A Milenio le dijo: «la emergencia sanitaria y biológica es inminente».

En abril, investigadores del ITESO y de la organización Resistencia Civil por el Valle tomaron muestras en 27 colonias. En 41 de 42 (97 %), el agua carecía del cloro residual apropiado. Proceso reportó que encontraron fluoruros en 17, nitratos y nitritos en 8, aluminio en 7, plomo en 3 y E. coli en 2 de 21 pruebas bacteriológicas. Grupo Animal recuerda que la NOM-127-SSA1-2021 es tajante: el agua para consumo humano no debe tener E. coli ni coliformes fecales.

Para el 5 de octubre, el monitoreo ciudadano del IMDEC acumulaba 256 muestras en 110 colonias de cinco municipios. Detectó plomo en 32, mercurio en 17 y coliformes fecales en seis puntos de cuatro colonias, de acuerdo con El Informador, que no identifica el laboratorio.

Ningún aviso de estos derivó en alerta sanitaria. Siete meses después, esta redacción no localizó análisis del SIAPA, publicados por colonia, que los contradigan.

6 y 7 de julio: negar un día, recomendar lo contrario al siguiente

El 6 de julio, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que la vigilancia epidemiológica no registraba incrementos atípicos de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis ni padecimientos de la piel. Como sustento citó que, al 3 de julio, el año acumulaba 54,869 casos gastrointestinales, por debajo de los 56,448 de igual periodo de 2025, según Crónica Jalisco.

Al día siguiente, la misma dependencia exhortó a la gente a que «eviten consumir agua de la llave y utilicen exclusivamente agua de garrafón o embotellada para beber, cocinar, lavarse los dientes o preparar alimentos», de acuerdo con 24 Horas. Si el agua no suponía riesgo, la recomendación estaba de más. Si lo suponía, la negativa de la víspera confundió a la población.

Además, los documentos de Salud contradicen el argumento numérico del secretario. Un total anual puede esconder un problema concentrado en algunas colonias. Por eso el oficio enviado a la CEDHJ empleaba otro instrumento, el canal endémico metropolitano, y con él sí se veía un exceso de diarreas desde febrero.

El 7 de octubre, con la presa Las Pintas ya clausurada y el suministro reducido, el gobierno estatal insistió en que «no existe alerta sanitaria», según Proceso. Ese día, el gobernador hablaba ante alcaldes de una «crisis de agua potable sin precedentes».

Los hogares: afectaciones y trámites sin respuesta

El 3 de octubre, a Fernanda, vecina de Jardines del Bosque, en Guadalajara, le recetaron betametasona inyectable. Su resumen dermatológico consigna una urticaria aguda «intensamente pruriginosa» que apareció después de que notó agua de la red en malas condiciones en su casa. Telediario documentó el caso y LabCSA lo retomó. La indicación médica es justo la que el gobierno de Jalisco lleva siete meses sin emitir: «evitar una nueva exposición al agua señalada y utilizar una fuente de calidad sanitaria verificada».

Fernanda no vive en las orillas de la ciudad. Jardines del Bosque figura, junto con Providencia, Country Club y Chapalita Sur, entre las 342 colonias a las que el SIAPA descontará 80 % del recibo de septiembre y octubre por agua turbia, informó El Informador. La crisis llega a cientos de colonias de cinco municipios, no solo a la periferia.

Como no hay datos oficiales por colonia, quienes han reunido información sobre el impacto en la salud son organizaciones civiles. El Diagnóstico Metropolitano del IMDEC suma 1,477 reportes ciudadanos entre el 11 de marzo y el 14 de septiembre. En 767 (51.9 %), alguien de la casa dice haber sufrido afectaciones de salud que atribuye al agua: cutáneas (66 %), digestivas (34.8 %) y oculares (18.3 %). El propio IMDEC aclara que la muestra no es representativa.

Otro dato retrata mejor la respuesta de las instituciones. De 784 personas que fueron al SIAPA por la vía oficial, solo seis lograron una solución: 0.77 %. Para 99 de cada 100 usuarios que siguieron el trámite, no sirvió.

En abril, la CEDHJ solicitó a Salud que cotejara sus estadísticas de enfermedades transmitidas por el agua con la vigilancia de calidad del SIAPA, poniendo el foco en las colonias y los periodos con suministro de agua no potable. Seis meses después, ese análisis sigue sin hacerse público.

600 colonias en la cuenta de la CEDHJ

El gobierno no ha manejado una cifra estable de colonias con agua contaminada, y cada versión suya ha quedado debajo de la que ya tenían otras instancias públicas.

En julio, la cuarta visitadora general de la CEDHJ, Katya Rico Espinoza, lo dijo así: «Esas 600 colonias ya las tenemos identificadas». Agregó que el organismo atiende quejas sobre el tema desde 2019 y que el gobierno no ha acatado la recomendación de 2022 por agua turbia y escasez, de acuerdo con El Informador. Las zonas más golpeadas son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

En marzo, cuando el SIAPA reconocía unas 176 colonias, las quejas documentadas vía transparencia ya llegaban a 475. Hoy, entre las 600 de la CEDHJ y las 342 con descuento hay una brecha de 258. El gobierno no ha explicado con qué criterio excluyó a las restantes ni ha publicado los análisis de calidad que respaldan su lista.

Las Pintas: una fuente con cuatro años de denuncia

Para el gobierno, la presa Las Pintas originó el problema y cerrarla es la solución. El expediente de la CEDHJ relata algo distinto: una fuente contaminada que las autoridades conocían desde hacía años.

La Recomendación 10/2026 nació de la queja 3583/2022, presentada hace cuatro años. En abril de 2026, la directora jurídica del SIAPA le comunicó a la CEDHJ que había notificado al municipio de Tlajomulco «la identificación de líneas sanitarias descargando aguas residuales sin tratamiento hacia el Canal Las Pintas». O sea que el organismo operador tenía por escrito el dato de que aguas negras llegaban a una fuente de abastecimiento.

La CEDHJ envió el 30 de abril su recomendación al SIAPA, a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Salud, entre otras dependencias, por violar los derechos al agua potable y al saneamiento, a la protección de la salud y a un medio ambiente sano. Solicitó un plan de remediación de la presa con presupuesto etiquetado y reemplazar la infraestructura en los polígonos con agua turbia.

Según Expansión Política, el gobierno anunció el cese del uso del agua de Las Pintas hasta octubre, seis meses después de que el SIAPA reconociera ante la CEDHJ las descargas y de que se emitiera la recomendación. No ha informado qué puntos de la Recomendación 10/2026 ha atendido. La CEDHJ afirma que la de 2022 continúa sin cumplirse.

Promesas y plazos que no coinciden

El 23 de marzo, al destituir al director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, Lemus dijo que «el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así», y prometió «hacer una reingeniería absoluta», de acuerdo con Proceso. Nombró en su lugar a Ismael Jáuregui Castañeda.

El 6 y el 7 de octubre, siete meses más tarde, el gobernador admitió ante los alcaldes metropolitanos una «crisis de agua potable sin precedentes». Anunció un recorte de cerca de 30 % en el suministro y afirmó, con base en especialistas, que en «72 horas empezará a mejorar la calidad del agua», con afectaciones por colonia de «dos, máximo tres días, no más de eso», según Proceso. El 7 de octubre aseguró que el agua de la potabilizadora de Miravalle «ya no presenta color ni olor», informó El Informador.

El 10 de octubre, vecinos de Moderna, Arcos Vallarta y San Juan Bosco contaron que hubo cortes sin aviso y una mejoría apenas notable: «Ya no era tan penetrante. Al menos vamos mejorando», según ese diario. Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, estima que el agua sucia en su municipio no estará resuelta antes de marzo de 2027, según Milenio. Entre las 72 horas del gobernador y los cinco meses del alcalde hay una brecha que nadie del gobierno estatal ha aclarado.

La solución de fondo que ofrece el gobierno ya no es la reingeniería de marzo, sino un acueducto Chapala-Guadalajara que tomaría unos dos años de obra. Costará 18,000 millones de pesos estatales, que en parte se piensa financiar con deuda, según Expansión Política.

Los hogares pagan mientras tanto

Hasta que esa obra exista, la factura recae en las familias. Desde julio, lo oficial es comprar agua de garrafón para beber, cocinar y lavarse los dientes. Ese gasto sale del bolsillo de cada hogar, y el gobierno no ha informado de ninguna compensación. El descuento de 80 % del SIAPA abarca dos recibos y 342 colonias; no devuelve lo gastado en agua embotellada ni cubre a todas las colonias que la CEDHJ identifica.

Según El Informador, el 15 de octubre arranca la rotación del servicio, y el gobierno no ha dicho qué colonias van primero. De acuerdo con Expansión Política, el área metropolitana contará con cerca de 30 % menos agua durante unos seis meses. Quien ya pagaba por agua que no podía usar recibirá además menos agua.

Un Congreso que cerró la puerta

El Legislativo también frenó la rendición de cuentas. El 9 de julio, el Congreso de Jalisco votó 20 a 13 contra que el secretario Pérez Gómez compareciera. Movimiento Ciudadano (11), PAN (5), PVEM (3) y PRI (1) votaron en contra, informó Crónica Jalisco.

Desde que asumió la dirección del SIAPA, Jáuregui Castañeda no ha comparecido ante los diputados. Las iniciativas para auditar al organismo siguen congeladas; legisladores de Morena, Futuro, Hagamos y el PT señalan a MC y al PVEM de detenerlas, según el mismo medio. La mayoría que el 9 de julio impidió interrogar al secretario de Salud es la misma que, según esas acusaciones, frena las auditorías, y el director del SIAPA continúa sin presentarse.

Domingo 11 de octubre: la marcha y el gas

La convocatoria vino de ciudadanos, grupos vecinales, asociaciones civiles y consejos de especialistas y activistas, sin una sola organización al frente. De acuerdo con la cobertura minuto a minuto de El Informador, el contingente partió de la glorieta de la Minerva a las 12:05 h, con familias con infancias y personas con discapacidad al frente, y llegó a Casa Jalisco alrededor de las 12:42 h. UDG TV reportó que el gobierno estatal calculó unas 10,000 personas y Protección Civil estatal, 4,500.

Cerca de las 12:54 h, un grupo de manifestantes tiró las vallas ante la residencia oficial, según el mismo diario. ZonaDocs documentó que, entre las 13:10 y las 14:30 h, los antimotines de la Policía Estatal dispersaron a los asistentes con gas lacrimógeno y chorros de agua desde pipas. Durante casi hora y media, el Estado que no asegura agua limpia en las casas usó agua a presión contra quienes la exigían.

Dos balances distintos

El comunicado del gobierno, citado por El Informador, contabiliza 39 detenidos (21 hombres y 18 mujeres), 28 policías lesionados y 31 civiles con atención médica. Dos policías están graves, y entre las lesiones que las autoridades describieron figuran «fracturas en el cráneo, el pómulo y la nariz» y el desprendimiento de un dedo, informó Infobae.

Las organizaciones civiles reportan otras cifras. ZonaDocs recogió que el IMDEC registraba 51 detenciones a las 20:30 h, y familiares y colectivos difundieron una lista con 52 nombres. Según Somos El Medio, las organizaciones advirtieron que, sin información oficial, se trataba de desapariciones forzadas. La Fiscalía no ha explicado la diferencia de 13 personas. A los detenidos les imputa «ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad»; al lunes 12 había liberado al menos a 18, quienes seguirán su proceso sin prisión preventiva, según Infobae.

Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), declaró: «No era justificable el uso excesivo de la fuerza. Entre 500 y mil personas resultaron afectadas por el uso de gas lacrimógeno». También mencionó heridos por golpes, cartuchos de gas y balas de goma, según El Informador. Que se usaron balas de goma es una denuncia del CEPAD que ninguna autoridad ha confirmado.

24 Horas recogió el testimonio de Margarita Mora: Mariana, persona no binaria y bióloga marina, sufrió fractura de nariz, según los informes médicos que la familia recibió, y ahora se desplaza en silla de ruedas. Dijo Mora: «Ella no estaba agrediendo a nadie, no estaba rompiendo nada... solo estaba protestando para que todos tengamos agua digna en Guadalajara».

Hubo además periodistas heridos. Somos El Medio informó que Mario Carbajal recibió una herida en el rostro por «el impacto directo de una bomba de gas lacrimógeno lanzada por elementos de seguridad». El Universal consignó que Gustavo Morales sufrió lesiones en nariz y boca, presuntamente por el impacto de una bomba de gas, y que Mario Antonio López quedó con el rostro ensangrentado, presuntamente por un golpe en la cabeza. Ninguna fuente oficial, periodística ni de derechos humanos de las consultadas informa de personas fallecidas.

La tesis del «grupo de choque» y la falta de pruebas

Según el gobierno, hubo dos manifestaciones. Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad, dijo: «Lamentamos que la violencia ocasionada por este grupo de choque empañara una protesta legítima». El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, habló de «un bloque compuesto por alrededor de 400 personas, la mayoría encapuchada o con el rostro parcialmente cubierto». El comunicado que recogió El Informador sostiene que ese bloque lanzó cloro a los agentes, además de cohetones y bombas de gas, y que la policía respondió con «el uso escalonado de la fuerza».

El lunes, Lemus reiteró esa versión, según 24 Horas: «Llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que tenían la intención de generar violencia a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana». Milenio le atribuye también esta frase: «He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso». O sea, el gobernador manda investigar a la policía y, a la vez, da por demostrada la versión de su gobierno sobre los manifestantes.

Al cierre de esta edición, el gobierno no había mostrado pruebas públicas que identifiquen a esas 400 personas ni había precisado cuántos de los 39 detenidos formaban parte del grupo. ZonaDocs informó que entre los detenidos había jóvenes, profesores, estudiantes, trabajadores, integrantes de colectivas feministas y artistas.

La versión oficial deja huecos. Si la fuerza se aplicó a un bloque violento de 400 personas, el gobierno no ha dicho cómo fueron afectadas por el gas entre 500 y mil, según el CEPAD, ni cómo tres periodistas acabaron lastimados del rostro. Tampoco ha explicado por qué sus cifras de detenidos no coinciden con las listas de las familias.

Las posturas de otras autoridades

La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó. Según Contralínea, dijo «Nosotros no estamos de acuerdo con la represión» y pidió a Jalisco que explicara las razones de las detenciones y publicara los nombres de los detenidos. MVS Noticias recogió otra frase suya: «una cosa es contener y otra cosa es reprimir».

Proceso informó que la CNDH condenó los «medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones». Según El Informador, la CEDHJ desplegó 16 observadores, abrió el acta de investigación 41, recibió cinco quejas por abuso de autoridad contra la Policía Estatal y dictó medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad y a la Vicefiscalía de Derechos Humanos.

Qué exige la ley

El artículo 4 de la Constitución manda al Estado garantizar agua «suficiente, salubre, aceptable y asequible». En Jalisco, esa obligación recae en responsables con nombre y cargo: el gobernador Pablo Lemus Navarro; el SIAPA, a cargo de Ismael Jáuregui Castañeda; la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua; y la Secretaría de Salud, que encabeza Héctor Raúl Pérez Gómez.

Según la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el agua debe estar libre de microorganismos y sustancias peligrosas y, además, «debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico». En agosto, el Pleno de la Suprema Corte dispuso garantizar 100 litros de agua potable diarios por persona a los habitantes de Ecatepec, con un abasto «suficiente, continuo y de calidad», reportó Infobae. En Guadalajara, desde julio se recomienda oficialmente no usar el agua de la llave ni para lavarse los dientes, y desde el 15 de octubre habrá menos.

Respecto de la protesta, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza dice lo siguiente:

• Artículo 27. «Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito».
• Artículo 28. Cuando la manifestación se vuelve violenta, la policía tiene que actuar por niveles de fuerza.
• Artículo 31. Los planes operativos deben incluir agentes capacitados para negociar y procurar el diálogo con los líderes de la manifestación.
• Artículo 32. Todo uso de la fuerza debe reportarse con detalle, y los superiores que supieran o debieran saber de un uso ilícito y no lo eviten ni lo denuncien son responsables.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Jalisco no había dicho si hubo negociadores frente a Casa Jalisco, quién ordenó el gas ni si existen los reportes que exige el artículo 32. Sin esas respuestas, la cadena de mando del operativo del domingo no tiene nombre.

Cronología: de 2019 al 15 de octubre

Pendientes que el gobierno de Jalisco no ha contestado

En los próximos seis meses, el área metropolitana de Guadalajara tendrá cerca de 30 % menos agua. El motivo es que el gobierno dejó de usar en octubre de 2026 una fuente cuya contaminación la CEDHJ había recibido como queja en 2022. Cuatro años de aviso derivaron en seis meses de racionamiento, y el reclamo de agua limpia, en 39 detenidos.

Estas son las preguntas que siguen sin respuesta oficial:

1. Por qué no declaró alerta sanitaria, si su Secretaría de Salud registraba diarreas por encima de la media desde febrero y recomendó no usar el agua de la llave.
2. Cuáles colonias recibieron agua de Las Pintas y por cuánto tiempo.
3. Dónde están los análisis de calidad del SIAPA por colonia.
4. Con qué criterio se armó la lista de 342 colonias con descuento, frente a las 600 que identifica la CEDHJ.
5. Qué puntos de la Recomendación 10/2026, y de la de 2022, se han cumplido.
6. Qué colonias entran primero en la rotación del 15 de octubre.
7. Cuántas personas fueron detenidas el 11 de octubre, quiénes son y cuántas pertenecen al supuesto grupo de 400.
8. Quién ordenó usar el gas, si hubo negociadores y si existen los reportes que exige el artículo 32.
9. Cuándo comparecerán ante el Congreso Jáuregui Castañeda y Pérez Gómez.