El 10 de octubre, dos días después de la matanza en El Castillo, el gobierno federal anunció un penal nuevo para Sinaloa. No dijo cuánto costará, cuándo estará listo, qué capacidad tendrá ni dónde se construirá. Lo que sigue sin respuesta es más inmediato que cualquier obra: quién dejó que hubiera armas dentro de una cárcel del Estado, y qué custodios y mandos responderán por eso.
El jueves 8 de octubre, un niño de dos años entró de visita al Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, y ya no salió vivo. Murió durante un enfrentamiento armado. Con otra riña, al día siguiente, el saldo llegó a 12 muertos en menos de 24 horas.
el resto de la población penitenciaria se encuentra bien
Los hechos conocidos
Según Publimetro, en el primer enfrentamiento murieron diez personas, nueve internos y el niño, que acompañaba a su familia, y hubo 16 heridos. En la mañana del viernes 9, una pelea en otro módulo mató a dos internos más. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa dio un primer reporte, que retomó Grupo Animal: un grupo de hombres con armas de fuego de grueso calibre «ingresó de manera violenta al penal». Esa versión inicial contaba diez internos y una visita muertos; después se corrigió a nueve internos y el niño. La investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado.
En el mismo parte, la SSP afirmó que el centro estaba «bajo control» y, de acuerdo con Publimetro, que «el resto de la población penitenciaria se encuentra bien». Es una frase pensada para calmar a las familias, pero acepta como normal que una cárcel se considere controlada con una decena de muertos. Al día siguiente murieron dos más.
La pregunta sin dueño
Un arma no llega sola a un módulo. Pasa por la aduana del penal, con sus revisiones y sus registros de ingreso, o entra con ayuda de alguien que tiene llaves, turno y firma. Si lo que hubo fue un comando que irrumpió a la fuerza, como sugiere el reporte inicial, el problema cambia de forma y no de fondo: cómo un grupo armado alcanza a la población de una cárcel estatal sin que nadie lo frene en la entrada.
Sea cual sea la hipótesis, hay responsables con nombre y cargo en el sistema penitenciario de Sinaloa. Ninguna fuente que esta redacción consultó informa, al 12 de octubre, de un solo funcionario suspendido o señalado por la Fiscalía. No es un hecho aislado: el 26 de junio de 2025 una riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó un muerto y tres heridos, según la misma nota de Grupo Animal.
Un penal anunciado, sin datos
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el 10 de octubre en un mensaje en X, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la Federación construirá en Sinaloa y con sus propios recursos un centro penitenciario «moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario», según Expansión Política. No precisó monto, fecha, capacidad ni terreno. Entretanto, la Guardia Nacional y personal del órgano federal de Prevención y Readaptación Social refuerzan El Castillo. Las visitas de familiares se reanudaron el sábado 10 y siguieron el domingo 11.
La propuesta tiene a su favor un argumento de peso, y hay que decirlo. Por lo general, una cárcel federal aplica controles de acceso más duros y cuenta con personal menos expuesto a la presión de las organizaciones criminales locales; llevar allí a los internos más peligrosos podría romper el vínculo entre la calle y el módulo. Es cierto también que la Fiscalía apenas lleva cuatro días con el caso, y que exigir culpables al instante invita a fabricarlos.
Aun así, nada de eso justifica callar sobre lo sucedido el jueves. Un penal sin presupuesto ni calendario no se puede evaluar ni fiscalizar, y su anuncio desplaza el debate de lo que falló hace cuatro días a un futuro sin fecha. Una investigación penal puede tardar meses, pero para informar quién estaba de guardia, por dónde pasaron las armas y qué medidas administrativas se aplicaron a los encargados de la custodia no hace falta una sentencia.
Sinaloa vivió otro fin de semana de violencia
El Castillo está en un estado que, desde el 9 de septiembre de 2024, vive la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa. El domingo 11, en el centro de Escuinapa, balearon a José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil, unas horas después de que acompañara al alcalde Víctor Díaz Simental a revisar zonas de riesgo en las comunidades de Teacapán, Isla del Bosque y Dámaso Murúa, de acuerdo con Milenio. No hay detenidos.
Latinus contó, con cifras del Gabinete de Seguridad, 140 homicidios en el país del viernes 9 al domingo 11. Sinaloa fue el estado con más casos el viernes y el domingo, diez cada día, y los 57 asesinatos del domingo son la cifra diaria más alta desde el 12 de julio.
Cuatro exigencias concretas
Sobrelínea pide cuatro cosas:
- Que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informe, en un plazo de 30 días, cómo entraron las armas a El Castillo, por cuál acceso y en qué turno, y si hay custodios o directivos investigados.
- Que la SSP estatal publique la cadena de mando que tenía a cargo el penal el 8 de octubre y separe del cargo, mientras dure la indagatoria, a quienes controlaban la aduana y los módulos donde hubo disparos.
- Que la Secretaría de Seguridad federal deje por escrito el penal que prometió, con monto, ubicación, capacidad y fecha de apertura.
- Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abra una queja de oficio por la muerte de un niño dentro de una instalación del Estado.
La familia del niño atravesó la puerta del penal convencida de que el Estado la vigilaba. Tiene derecho a saber quién la dejó abierta.