La Policía Estatal de Jalisco arrojó gas lacrimógeno y chorros de agua a presión contra miles de personas el domingo 11 de octubre, cuando caminaban de la Minerva a Casa Jalisco para pedir agua limpia. Llevaban más de siete meses esperándola: desde fines de febrero, cientos de colonias del área metropolitana de Guadalajara abren la llave y sale agua café, amarilla o negra. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho humano al agua, y protestar sin que lo agredan también es un derecho; ninguno de los dos lo concede el poder. El gobierno de Pablo Lemus responde por los dos: por no asegurar el primero en todo ese tiempo y por la manera en que trató el segundo en una sola tarde.
Frente a Casa Jalisco
El gobierno estatal dijo por su cuenta que la marcha «se realizó de manera pacífica y ordenada, convocando a alrededor de 10 mil ciudadanos». Cerca de las 12:54 h, según el seguimiento en vivo, unos manifestantes quitaron las vallas que cercaban Casa Jalisco. Entre las 13:10 y las 14:30 h los antimotines de la Policía Estatal dispersaron a la multitud con gas lacrimógeno y agua a presión. El periodista Mario Carbajal terminó en el hospital con heridas en el rostro, por el golpe directo de una bomba de gas que lanzaron elementos de seguridad. La Fiscalía admite 39 detenidos, mientras que las organizaciones cuentan entre 51 y 52. Amnistía Internacional habló de «uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas». La madre de Mariana Jovel Mora relata que varios policías la tiraron al suelo y la patearon una y otra vez; sufrió fractura de nariz. El CEPAD asegura que se usaron balas de goma, algo que no ha confirmado ninguna autoridad. Ninguna de las fuentes consultadas informa de muertos.
una cosa es contener y otra cosa es reprimir
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza no deja dudas: «Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito». Cuando una concentración se vuelve violenta, la ley pide agentes preparados para negociar. También obliga a cada agente que emplee la fuerza a entregar un informe detallado, y vuelve responsables a los mandos que supieron de un uso ilícito de la fuerza y ni lo evitaron ni lo denunciaron.
Los argumentos oficiales y lo que no prueban
Veintiocho policías salieron heridos, dos de ellos de gravedad, con fracturas de cráneo, pómulo y nariz y la pérdida de un dedo. Esa violencia existió y hay que juzgarla. Lemus la achaca a unas 400 personas que, de acuerdo con su versión, llegaron encapuchadas y armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas. Hasta ahora no ha exhibido pruebas que las señalen, y los familiares de los detenidos hablan de jóvenes, maestros, estudiantes, trabajadores y artistas. Que un grupo haya agredido no da licencia para gasear a toda una marcha que partió de la Minerva con familias con niños y personas con discapacidad en la primera fila, ni a los periodistas que daban cuenta de ella. La CNDH condenó el empleo de «medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones», y la presidenta Claudia Sheinbaum marcó la diferencia: «una cosa es contener y otra cosa es reprimir».
Hay que reconocer que suspender el uso del agua de Las Pintas y acordar obras con la Conagua son las primeras medidas de fondo. Pero llegaron tras más de siete meses y tras bloqueos en la ciudad, y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, no prevé una solución antes de marzo de 2027.
Más de siete meses con agua turbia
En marzo, el SIAPA admitió que salía agua café y con mal olor en cerca del 10 % de sus 1,840 colonias, y lo achacó a descargas irregulares en el Sistema Antiguo, que funciona desde 1956. Una solicitud de transparencia mostró quejas en 475 colonias entre enero de 2025 y enero de 2026, en un lapso en que el organismo reconocía 176. La Junta de Gobierno subió a 342 las colonias con descuento de 80 %, entre ellas Providencia, Country Club, Chapalita Sur y Jardines del Bosque Centro. La CEDHJ afirma haber identificado 600 y atiende quejas desde 2019. El problema no se limita a la periferia.
Investigadores de la UdeG registraron una turbiedad de hasta 40 unidades, cuando la NOM-127 pone el tope en 3. Un monitoreo ciudadano, con respaldo técnico del ITESO y de Resistencia Civil por el Valle, encontró niveles inadecuados de cloro residual en 41 de 42 muestras y E. coli en 2 de 21 pruebas bacteriológicas; según las normas sanitarias, esa bacteria no debe estar en el agua potable.
La autoridad de salud ha dado dos mensajes. En julio, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, sostuvo que «no existe un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos en la piel». Al mismo tiempo, su secretaría recomendó el agua de garrafón o embotellada para beber, cocinar, preparar comida y hasta cepillarse los dientes. La Recomendación 10/2026 de la CEDHJ cita cifras de la propia Secretaría de Salud: al cierre de la semana epidemiológica 7, la enfermedad diarreica aguda en el área metropolitana superaba desde la semana 6 el promedio de los últimos siete años, aunque sin entrar en zona de brote. En cuanto a la piel, hay casos registrados, como el de una vecina de Jardines del Bosque a quien se trató con betametasona inyectable por una urticaria aguda. Una consulta ciudadana del IMDEC, que no es una muestra representativa, arrojó que los problemas de piel (comezón, dermatitis, ronchas) son el 66 % de los testimonios sobre daños a la salud. Que no haya una cifra oficial de dermatitis no libera a nadie de responsabilidad: medirla corresponde a Salud Jalisco.
Omisiones con responsables
En marzo Lemus destituyó a Antonio Juárez como director del SIAPA y declaró que «el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así». Ismael Jáuregui Castañeda, su sucesor en el cargo desde el 1 de abril, no se ha presentado ante los diputados y en julio faltó por tercera vez a la Comisión de Hacienda. Las iniciativas para auditar al SIAPA están frenadas por la oposición de MC y del PVEM. En julio, MC, PAN, PVEM y PRI votaron 20 contra 13 para rechazar que el secretario de Salud compareciera en el Congreso. Según la CEDHJ, el gobierno no ha cumplido la recomendación que emitió en 2022. En octubre, Lemus se refirió a «una crisis de agua potable sin precedentes».
Lo que exigimos
Al fiscal Salvador González de los Santos, que en 48 horas haga públicos los nombres de todos los detenidos, aclare por qué hay una diferencia entre 39 y 52 y deje en libertad a quienes no enfrenten una imputación sustentada. Al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, que en diez días entregue a la CEDHJ los informes detallados que pide la ley y diga quién dio la orden de usar el gas. Al gobernador, que divulgue los videos que mandó revisar y las pruebas sobre el «grupo de choque», o que retire la acusación.
Pedimos además que Ismael Jáuregui comparezca ante el Congreso antes de que el 15 de octubre empiece el programa de rotación del servicio; que el Congreso desbloquee las iniciativas para auditar al SIAPA; que el organismo y Salud Jalisco publiquen cada semana sus análisis de calidad por colonia, junto con los datos de enfermedad diarreica y dermatitis; y que las autoridades sanitarias federales, las únicas facultadas para emitir una alerta sanitaria según la Coprisjal, digan si van a emitirla.