San Lázaro votó el 6 de octubre una ley de pagos digitales y no cambió nada del dictamen. Que los mexicanos usen más tarjeta, transferencia y código QR es un propósito sensato. El camino que escogió la Cámara de Diputados no lo es: pone en manos de la Secretaría de Hacienda la decisión de en qué sectores el efectivo deja de ser aceptado, y en lo que se ha difundido del dictamen no aparece ningún criterio para tomarla. Además, levanta un expediente digital por cada persona en un país que ya no cuenta con un órgano autónomo que cuide los datos personales. La minuta llegó al Senado, que aún puede enmendarla, y debe hacerlo.
Una ley que salió igual que como entró
La presidenta Claudia Sheinbaum envió el 8 de septiembre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. En lo general la aprobaron 330 diputados y la rechazaron 122, según Bloomberg Línea. En lo particular hubo 327 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención, según el boletín de la Cámara.
Quien arme el expediente será vigilado por una oficina de su propio gobierno.
Legisladores de Morena, PAN, PT, PRI y MC plantearon modificar 20 artículos y cuatro transitorios. Todas las propuestas se retiraron o se desecharon. El Universal tuvo la cuenta de 92 reservas, y ni una prosperó.
Hacienda decide, sin reglas escritas
El punto más delicado ocupa una sola línea del boletín legislativo. Hacienda «determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago». En lo publicado del texto no se lee qué hace estratégico a un sector. Tampoco cuánta cobertura de terminales o conectividad tiene que haber antes de la declaratoria, ni qué estudio de impacto se pide.
Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, defendió la ley como una vía para extender los pagos digitales «mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación», recogió El Universal. Pero ese ritmo gradual queda a voluntad de la propia Secretaría. Según Nación321, la exigencia comenzaría en casetas y gasolineras. Sin embargo, la facultad, tal como la reproduce el boletín de la Cámara, no se agota en esos dos giros.
La objeción de constitucionalidad tiene base. Claudia Ruiz Massieu, diputada de MC, afirmó que «la atribución que se pretende otorgar a la Secretaría de Hacienda es inconstitucional» y que choca con la autonomía del Banco de México. Recordó que la Ley Monetaria da a los billetes poder liberatorio ilimitado y que, en su opinión, una dependencia del gobierno no puede decidir cómo circula la moneda, de acuerdo con Bloomberg Línea. El artículo 28 constitucional pone la emisión de billetes, como área estratégica, en el banco central, autónomo en sus funciones.
En agosto, Banxico y la Profeco volvieron a decir que todo comercio del país debe recibir las monedas y los billetes que circulan, según El Imparcial. Con la nueva norma, una oficina del Ejecutivo podría ordenar lo opuesto, sector por sector.
Quién todavía depende del billete
Datos del INEGI que cita Bloomberg Línea indican que 85 % de la población recurre más al efectivo en compras menores a 500 pesos, y que 73 % lo prefiere en montos más grandes. En el segundo trimestre de 2026 el sector informal concentró 98 % de los empleos nuevos, de acuerdo con El Imparcial y datos del INEGI. Y una de cada cuatro viviendas seguía sin internet: la Encuesta Intercensal, reseñada por CE Online, ubica la disponibilidad en 75.7 % en 2025.
Si alguien cobra en efectivo, carece de cuenta o vive donde no hay señal, que el pago sea solo digital equivale a una puerta cerrada. En los sectores con esa exclusividad, la ley deja usar efectivo o cheque únicamente ante una contingencia, que define como un hecho extraordinario o imprevisible, ajeno a las partes, que impida el pago digital. No hay lugar en esa definición para quien nunca ha tenido una cuenta. La oposición advirtió que el costo de digitalizar recaerá en consumidores y pequeños comerciantes, según Bloomberg Línea. La ley tendría que explicar cómo se compensa antes de imponerlo.
Un archivo personal que vigilaría el mismo gobierno
La ley instituye el Expediente Digital Ciudadano «como un mecanismo de confianza para la consulta o uso de documentos o información de las personas usuarias». También admite la CURP Digital para contratar servicios financieros, aunque el usuario puede presentar otra identificación, según la Cámara. El boletín omite quién podrá abrir ese expediente, para qué, por cuánto tiempo y con qué registro de consultas.
El artículo 16 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales. Desde marzo de 2025, con el INAI extinto, la autoridad federal que garantiza ese derecho es Transparencia para el Pueblo, un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, conforme al decreto del Diario Oficial. Quien arme el expediente será vigilado por una oficina de su propio gobierno.
Cuatro cambios para el Senado
Conviene reconocer el mejor argumento del oficialismo. El efectivo favorece la evasión y el lavado de dinero, y más trazabilidad en actividades delimitadas puede subir la recaudación sin crear ningún impuesto. Ese objetivo lo compartimos. Lo que objetamos es que los límites queden fuera de la ley, a discreción de quien recauda.
Las comisiones del Senado deberían introducir cuatro modificaciones antes de la votación:
- Fijar en la ley los criterios para declarar un sector: cobertura mínima de terminales y conectividad, análisis de impacto público y opinión previa del Banco de México.
- Mantener el efectivo como opción para las personas físicas en bienes y servicios básicos.
- Hacer voluntario el Expediente Digital Ciudadano, con finalidades enumeradas, una bitácora de accesos que el titular pueda revisar y sanciones para quien lo use con otro propósito.
- Citar a Banxico a comparecer sobre la constitucionalidad de la facultad que se le da a Hacienda.
Si el Senado modifica la minuta, esta debe regresar a San Lázaro. Ese retraso se cuenta en semanas. Enmendar una mala ley ya vigente suele tomar años y litigios.