La revisión del T-MEC ya no es una negociación de tres: Washington la partió en dos mesas y quiere repetirla cada año. En ese formato, México no debería sentarse a negociar sin que el Senado haya establecido un mandato público, con metas que puedan medirse y una lista de lo que el gobierno está dispuesto a conceder.
Donald Trump lo dejó más claro con sus palabras: «Estoy pensando que quizá no podamos llegar a un acuerdo, preferiría no tener el T-MEC», según recogió Aristegui Noticias. Pero la frase pesa menos que el método que ya rige la revisión de 2026: conversaciones aparte con cada socio y un tratado examinado año tras año.
Estoy pensando que quizá no podamos llegar a un acuerdo, preferiría no tener el T-MEC
Qué cambió en la mesa de revisión
El T-MEC empezó a regir el 1 de julio de 2020 y contemplaba una revisión conjunta a los seis años. México y Canadá ofrecieron prorrogarlo otros 16 años. Estados Unidos dijo que no; en su lugar propuso conservarlo diez años con revisión cada año, hasta 2036, según esa misma nota. También resolvió tratar de forma bilateral con cada país. Así lo admitió la presidenta Claudia Sheinbaum: «por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México; nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos».
Este lunes, en la mañanera, Sheinbaum le contestó a Trump que concluir la revisión no equivale a acabar con el tratado, ya que es una ley aprobada por los congresos de los tres países. También mencionó «avances significativos» con Washington, de acuerdo con la transmisión que reseñó Uno TV.
Lo que la presidenta acierta y lo que deja sin cubrir
En lo formal, Sheinbaum está en lo cierto: mientras nadie lo denuncie, el tratado sigue en pie. Sin embargo, el artículo 34.6 del propio T-MEC deja que cualquiera de los tres países salga con seis meses de aviso por escrito. Esa vigencia legal sirve de poco si la contraparte afirma en público que preferiría no tener el acuerdo.
Las revisiones anuales dañan aun si el tratado nunca se acaba. Una planta automotriz o una acería se proyectan a diez o veinte años. Si la negociación se reabre cada doce meses, en cada vuelta pueden aparecer exigencias nuevas, y la incertidumbre deja de ser pasajera. A quien presiona, esa incertidumbre le sirve de palanca.
Dos mesas, un solo interlocutor fuerte
Por diseño, el T-MEC es regional. Sus reglas de origen, comenzando por el 75 % de contenido regional que exige a los autos, se calculan con la producción de los tres países. Dividir la negociación en dos mesas quiebra esa lógica y le quita a México un contrapeso: la posición compartida con Canadá en favor de extender el tratado 16 años. Con dos mesas, lo que ceda uno de los socios le sirve a Washington para presionar al otro.
Hay otro problema. El 9 de octubre Sheinbaum expuso, como argumento comercial, una caída de 98 % en el cruce de personas por la frontera y una reducción de 75 % en el decomiso de fentanilo en Estados Unidos, con el propósito de lograr menores aranceles a autos y acero. México quiere, asimismo, rebajar los del aluminio y evitar gravámenes nuevos mientras la revisión siga abierta. Poner resultados de migración y seguridad sobre la mesa comercial puede rendir en el corto plazo, pero los vuelve moneda de cambio. Con revisiones anuales, esa moneda se exigirá cada año, y el Senado tendría que saber cuánto se ha ofrecido y a cambio de qué.
La objeción más fuerte: la reserva negociadora
Negociar exige discreción. Quien muestra sus líneas rojas queda más débil, y un acuerdo bilateral podría traerle a México alivios por sector más pronto que una mesa de tres bloqueada. La objeción es seria y hay que tomarla en cuenta. Aun así, mezcla táctica con objetivos. Resulta razonable que el negociador guarde en secreto hasta dónde cederá en cada punto. Lo que no puede mantenerse oculto es qué persigue el país, qué está dispuesto a poner en juego y con qué vara se juzgará el resultado.
Ese dilema el Congreso ya lo resolvió en 2004. La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica manda que el Senado solicite, al comenzar cada periodo ordinario, un informe sobre «las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo», los beneficios previstos y un programa con calendario de la negociación. La ley permite formar una subcomisión plural de seguimiento, exige informes periódicos y autoriza a las comisiones a convocar a comparecer a los funcionarios. Además dispone que ciudadanos, empresas y sindicatos puedan dar su opinión al Senado, y que esos escritos sean públicos salvo que otra norma disponga lo contrario.
Cuatro pasos para este periodo de sesiones
El Senado tiene que ejercer esas facultades ya. Primero, pedir a la Secretaría de Economía el informe que la ley prevé sobre la revisión del T-MEC, con metas concretas: qué arancel busca México en autos, acero y aluminio, y en cuánto tiempo. Segundo, instalar la subcomisión plural de seguimiento y establecer un calendario de comparecencias abiertas. Tercero, solicitar al Ejecutivo que explique cómo enfrentará las revisiones anuales, si insistirá en la extensión por 16 años, y que entregue la lista de compromisos de migración y seguridad que ha puesto sobre la mesa. Cuarto, aprobar un punto de acuerdo que defina lo que el Senado considera innegociable.
Negociar bajo estas reglas no pone en peligro los intereses de México. Sí los pone en peligro llegar a diez años de revisiones cada año sin que el Senado ni la ciudadanía sepan qué se discute en cada una.