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Con «El Tanque» preso, la FGR tiene que rastrear el dinero del huachicol y a sus socios

Capturar a Iván Cazarín Molina en Zapopan es un avance en seguridad, pero sirve poco si la Fiscalía no investiga las 26 empresas que sancionó el Tesoro de EU ni explica la relación con los Olán que sugieren las grabaciones.

Con «El Tanque» preso, la FGR debe rastrear el dinero del huachicol y a sus socios

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Iván Cazarín Molina, «El Tanque». Lo señaló como líder de una red de al menos ocho personas y 26 empresas dedicadas a la evasión fiscal y al contrabando de combustible por la frontera, según El Universal. Entonces, el Tesoro afirmó que el robo de combustible le dejaba a él y al CJNG decenas de millones de dólares al año, de acuerdo con CBS News. Pasaron dos años hasta que lo detuvieron.

La captura, el lunes 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, es un golpe auténtico al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aun así, un operador del huachicol no se mide por el arma ni por el vehículo que traía al caer, sino por el dinero que movió y por la gente que le ayudó. Si la Fiscalía General de la República (FGR) solo procesa al hombre y no sigue esa pista, incluida la que toca a la familia del empresario Jorge Amílcar Olán, el caso terminará en la pieza más fácil de reponer.

Él sabe que yo conozco al “Tanque”, aquí, al de la maña

Quién es el detenido

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer la captura el 6 de octubre. Participaron en el operativo la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad (SSPC). El Universal señala a Cazarín Molina como operador regional del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Se le imputan homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas, y cooptación de autoridades.

Proceso lo liga además con el ataque a un helicóptero Cougar de la Secretaría de la Defensa Nacional, ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, con 18 personas a bordo (nota de Proceso). Ahora quedó a disposición del Ministerio Público, con un arma, dosis de droga y un vehículo asegurados.

Tampoco es su primer arresto. Esa misma nota consigna que las autoridades federales ya habían anunciado su captura en noviembre de 2015, seis meses después del ataque. El antecedente enseña que apresar a alguien no desarma el negocio.

Seguir la ruta que ya señaló Washington

La extensa lista de delitos no es lo que debería guiar a los fiscales. Lo es la red que describió la OFAC. La FGR no empieza de cero: una trama de evasión fiscal y contrabando de combustible requiere razones sociales, apoderados legales, cuentas bancarias, facturas, transportistas y compradores. Todo eso queda registrado en el SAT, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en los bancos.

Entre la sanción del Tesoro y la detención corrieron dos años. Se ignora qué hicieron las autoridades mexicanas, en ese plazo, con las 26 empresas que Washington identificó. Esa es la primera pregunta que debe contestarse.

El negocio se encarece cuando se pierden las empresas, las cuentas y los contactos que convierten gasolina robada en dinero limpio. Detener a una persona no basta para eso.

Lo que se oye en las grabaciones

Latinus difundió en agosto llamadas telefónicas de 2023 donde aparecen los hermanos Olán. Jorge Amílcar Olán es empresario y amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. Forbes México reporta que, en una llamada con el empresario Ángel Montero, Amílcar Olán habla de su hermano Luis Alberto: «Mi hermano va a estar al mando de todo, ya habló con toda la gente de allá, de la “malandrada”… Él maneja todo eso, los conoce a todos». En otra grabación, Luis Alberto Olán dice: «Él sabe que yo conozco al “Tanque”, aquí, al de la maña».

En X, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, escribió que «El Tanque» es «la conexión del CJNG con la red de socios de Andy López Beltrán», según El Universal. Ese diario, que retoma el reportaje de Latinus, añade que a Luis Alberto Olán se le ha acusado de homicidio, robo y asociación delictuosa; el medio no halló constancia de que lo hayan procesado o encarcelado por esos delitos.

La fiscal general, Ernestina Godoy, contestó el 16 de septiembre «No, no hay nada» a la pregunta de si existía orden de aprehensión contra Amílcar Olán, y «Tampoco» respecto de López Beltrán, de acuerdo con Forbes México. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, de haber pruebas contra el empresario, la FGR tendría que abrir una carpeta. Forbes México publicó que no hay investigación abierta en su contra y que TV Azteca lo situó en Suiza.

La objeción más fuerte y por qué no alcanza

Existe un reparo serio, y lo admitimos. Un audio no demuestra un delito, y decir que se conoce a alguien no equivale a ser su cómplice. En lo difundido no se escucha a López Beltrán hablando con Cazarín Molina; achacarle conocimiento o participación sin pruebas sería injusto. Un fiscal que se mueve por la presión de los medios también deteriora la justicia.

Compartimos todo eso. Precisamente por ello llegamos a otra conclusión. Solo una investigación puede dilucidar si los audios son auténticos, si hablan de hechos o de bravatas, y si circuló dinero entre la red de «El Tanque» y empresas ligadas a los Olán. Si no circuló, un trabajo serio protege a los señalados. Si circuló, omitirlo reduciría la captura a un trofeo y dejaría el negocio intacto. Lo inadmisible es que la cercanía con la familia del expresidente opere, en los hechos, como tope a la investigación.

Lo que se le exige a la FGR y a la UIF

Para la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada: abrir una línea patrimonial en paralelo a la penal, que siga la pista de las 26 empresas que identificó la OFAC, pida al Tesoro, por los cauces de cooperación vigentes, la información que respaldó la sanción y diga si existe carpeta de investigación sobre los hermanos Olán.

Para la UIF: transparentar si congeló cuentas de esa red después de septiembre de 2024 y, si no lo hizo, explicar la razón.

También para la FGR: citar a Luis Alberto y a Jorge Amílcar Olán a explicar lo que dicen en las grabaciones y ordenar un peritaje sobre si son auténticas.

Washington expuso la red y la captura llegó dos años después. Seguir el dinero no debería llevar otros dos.

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