El 28 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) anunció cuatro líneas de investigación nuevas sobre Ayotzinapa. Dos de ellas conducen a funerarias y al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, y a los teléfonos de tres estudiantes. Es un avance, pero también una confesión tácita: parte de ese material estuvo disponible para los investigadores durante años. Han pasado doce años desde la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala y, conforme a las cifras de la fiscalía que reproduce CBS News, el Estado mexicano ha procesado a 168 personas por la desaparición de los 43 normalistas sin que haya una sola sentencia. La FGR tiene que aclarar por qué no se persiguieron antes esas pistas y comprometerse, de manera pública, con plazos para que los procesos terminen en condena o absolución.
Lo que salió a la luz en 2026
Quienes presentaron los resultados fueron Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, y Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ). Según El Financiero, al revisar las comunicaciones de esa noche se detectaron 17 nuevos objetivos de investigación y posibles lazos entre miembros de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y gente ligada a funerarias. De marzo a junio de 2026 se recolectaron 23 indicios, entre ellos fragmentos de hueso y prótesis dentales, que se estudian junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense.
se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funerarias y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, Guerrero
Político MX informó que en la funeraria El Ángel las autoridades hallaron un horno clandestino, crematorios que funcionaban de modo irregular, un arma reservada a las Fuerzas Armadas y certificados de defunción en blanco, aunque con firmas y sellos oficiales. Uno de los fragmentos de hueso encontrados allí coincidió genéticamente con otro que se había localizado en 2021 a 123 kilómetros de distancia. La cuarta línea que se mencionó es el análisis de tres teléfonos de estudiantes.
Lo que estaba al alcance desde hace años
Lo publicado sobre el anuncio no incluye ninguna explicación de la Fiscalía acerca del momento en que llegan estos hallazgos. Los celulares de las víctimas, las llamadas de esa noche y el Semefo del municipio donde ocurrieron los hechos no son indicios lejanos. Son lo primero que se revisa en una investigación por desaparición. Según Político MX, la propia FGR apoya la hipótesis de las funerarias en lo que declararon tres testigos colaboradores, designados «Sonia», «Damián» y «Neto», entre 2020 y 2025. Al cruzar esos testimonios con lo encontrado, afirmó Pazarán, «se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funerarias y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, Guerrero». Si alguna de esas declaraciones data de 2020, transcurrieron cerca de seis años hasta los cateos.
Parte de la explicación ya se conoce. En noviembre de 2014 el entonces procurador Jesús Murillo Karam expuso una versión que en enero de 2015 bautizó como «verdad histórica»: los cuerpos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes la desmontó en su primer informe, de septiembre de 2015. A Murillo Karam lo detuvieron en agosto de 2022 por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, y en julio un juez cambió sus medidas cautelares y le permitió salir de la prisión domiciliaria, con la condición de permanecer en su casa bajo vigilancia electrónica. Según la misma nota, tampoco él tiene sentencia. El Centro Prodh, que acompaña a las familias, responsabiliza de la ausencia de verdad a las autoridades que obstruyeron la investigación.
Aun así, esa herencia no lo explica todo. El Ejército tampoco ha entregado todo lo que sabe. En una sentencia que dio a conocer Político MX en marzo, un juez federal mandó a la Sedena entregar lo que generó en 2014 el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, tras calcular que faltaban unos 853 folios.
La defensa más sólida de la Fiscalía
Existe un buen argumento para tener paciencia. Este caso ya vio qué produce la urgencia: una versión oficial armada en cuestión de semanas con confesiones arrancadas mediante tortura. Una condena lograda con atajos sería otra forma de impunidad. Además, las detenciones de este año, como la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, vinculado a proceso en agosto por desaparición forzada por el presunto ocultamiento de videos, muestran que la investigación ya llega a funcionarios de mayor jerarquía.
Coincidimos en la premisa, no en lo que se deriva de ella. No hacer lo que se hizo en 2014 no autoriza a que, de acuerdo con CBS News, 130 de esos procesados continúen en prisión preventiva sin que un tribunal haya definido si son culpables. El artículo 20 de la Constitución dispone que esa medida nunca excederá dos años, salvo que se prolongue por el ejercicio del derecho de defensa del imputado. Doce años sin sentencias son también una falla hacia los procesados, quienes tienen derecho a que se les juzgue en un plazo razonable.
Fechas, no conmemoraciones
Le exigimos a la FGR un informe público donde explique por qué los teléfonos de los estudiantes, las llamadas de aquella noche, las funerarias y el Semefo de Iguala no se indagaron a fondo antes de 2026, y quién decidió que así fuera. Le exigimos también un calendario procesal que diga, de las 168 personas procesadas, cuántas siguen en investigación, cuántas en etapa intermedia y cuántas en juicio, con fechas estimadas. Los jueces ya establecen esos plazos en cada caso; en el de Aguirre, el juez otorgó 120 días para cerrar la investigación complementaria. Bastaría con juntarlos y renovarlos cada trimestre, no solo cada septiembre.
Le toca a la Sedena entregar los folios que un juez le ordenó. Y a la COVAJ asegurar que las familias y el Equipo Argentino de Antropología Forense accedan de forma efectiva a los 23 indicios recuperados este año.
Las familias de los 43 llevan doce años oyendo que hay progresos. Lo que se puede medir es distinto: las autoridades solo han identificado restos óseos de unos pocos de los estudiantes y, de acuerdo con esa misma cobertura, nadie ha sido condenado.