El viernes 2 de octubre, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pusieron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. Se levanta en el complejo Rhino, donde tiene su sede la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado. La construcción costará más de 30 millones de pesos y debería terminar en enero de 2027, según Infobae.
Johnson afirmó que será la primera de su clase en México y en Latinoamérica, con instrucción para detectar delitos relacionados con drogas, armas, dinero y contrabando. Añadió que especialistas de agencias estadounidenses ya dan cursos en Querétaro. Estuvieron en el acto el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, y el fiscal estatal. Según la presidenta, la Defensa, el Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no recibieron invitación.
Que un procedimiento sea lento justifica pedir que se agilice y se transparente, no saltárselo.
El lunes 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum opinó en su conferencia que no cree que haya un delito, pero que Kuri tiene que dar explicaciones porque no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México. La cancillería hablará por separado con el gobernador y con el embajador.
La cooperación en seguridad con Estados Unidos no debería quedar a merced de la afinidad entre un gobernador y el embajador de turno, ni de lo que se muestre cada mañana en Palacio Nacional. Hacen falta normas consultables por cualquiera y un registro abierto de las autorizaciones. El caso queretano revela que no existe ninguno de los dos: el estado actuó como si no hubiera trámite y la Federación, en vez de hacerlo valer, optó por plantearlo en la mañanera.
Lo que ya establece la ley
El reclamo federal tiene base jurídica. El artículo 117 de la Constitución veta a las entidades federativas pactar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Además, la Ley de Seguridad Nacional regula desde diciembre de 2020 el contacto con agentes extranjeros, dos meses después de la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles. Conforme a su artículo 70, los servidores públicos estatales deben remitir a la SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un máximo de tres días, un informe escrito de toda reunión, llamada o intercambio de datos con tales agentes. Además, esos encuentros requieren permiso previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, presidido por la cancillería, y un representante de la SRE debe asistir. El artículo 71, por su lado, prohíbe a los agentes extranjeros tramitar asuntos directamente con autoridades que no sean la SRE o las dependencias señaladas en los convenios.
Si, como dijo el embajador, especialistas de agencias estadounidenses ya capacitan a policías de Querétaro, lo que corresponde preguntar es cuántas de esas sesiones se reportaron y cuántas contaron con autorización. Johnson fue boina verde y funcionario de la CIA, y entregó cartas credenciales en mayo de 2025: sabe distinguir entre un canal diplomático y un acto con un gobernador. En abril, dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua en un operativo antidrogas del que el gobierno federal no tenía aviso, y Sheinbaum respondió con una nota diplomática de protesta, según la biografía de Johnson en Wikipedia.
La defensa del gobierno estatal tiene su peso
Hay razones para escuchar a Querétaro. Buena parte del trabajo policial recae en los estados, sus corporaciones requieren una formación que no siempre llega desde la Federación, y el gobierno federal mismo trabaja a diario con agencias estadounidenses. Un gobernador puede sostener que, si el trámite es lento o poco claro, esperar el permiso significa dejar a los policías sin capacitación.
Aun así, el argumento se queda corto. Que un procedimiento sea lento justifica pedir que se agilice y se transparente, no saltárselo. Si la política de seguridad exterior se arma estado por estado, el país negocia con 32 voces ante un solo interlocutor, y uno que además aprieta: según Al Jazeera, Washington mandó unos 500 soldados a la frontera tras un presunto tiroteo desde suelo mexicano que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina afirman no haber detectado.
Palacio Nacional tampoco queda al margen de la crítica. Denunciar un caso en la mañanera, aunque sea con razón, no sustituye un procedimiento. La ley contempla responsabilidad administrativa o penal para quien incumpla el artículo 70; si hubo falta, deben determinarla las instancias previstas, y si no la hubo, la denuncia pública está ocupando el sitio de la autoridad. En lo que alcanzamos a revisar, no hallamos un registro público de lo que el Grupo de Alto Nivel ha autorizado a los estados, con qué criterios ni en qué plazos. Sin él es imposible verificar que la norma se aplique igual a un gobernador del PAN que a uno de Morena.
Lo que le toca hacer a cada instancia
Querétaro tendría que dar a conocer los acuerdos firmados con la embajada o con agencias estadounidenses, de dónde sale el dinero de la obra (más de 30 millones de pesos), qué agencias darán los cursos y qué informes ha entregado según el artículo 70. Si no cuenta con ella, además, debe pedir por escrito a la SRE la autorización que, a decir de la presidenta, necesita una academia internacional.
A la cancillería, que preside el Grupo de Alto Nivel, le corresponde publicar las reglas de ese órgano, un padrón con los proyectos de cooperación con estados y municipios que aprobó o rechazó, y un plazo máximo para responder. La embajada debe hacer pasar por la SRE sus programas con gobiernos locales, como ordena la ley. El Senado, a quien la Constitución encomienda analizar la política exterior, debe solicitar a la cancillería un informe de este caso y del de Chihuahua.
Por ahora hay dos hechos pendientes: la SRE llamará al gobernador y al embajador, y no se ha publicado ninguna autorización para la academia de Querétaro. Con reglas y un padrón abiertos, la siguiente academia se discutiría con documentos a la vista.