El gobierno de Donald Trump puede continuar deportando a migrantes hacia países distintos al de su origen, al menos mientras la Suprema Corte de Estados Unidos examina si esa práctica es legal. El máximo tribunal lo resolvió el martes 29 de septiembre y el efecto llega hasta México: AP reporta que la gran mayoría de las cerca de 25,000 personas enviadas así a más de dos docenas de naciones terminó en territorio mexicano.
La resolución es corta y no razona su sentido. Anula lo que había dispuesto un tribunal de menor rango, que había detenido los traslados. NPR informó que las tres juezas del bloque liberal votaron en contra. Los argumentos orales se oirán en diciembre, y la Corte pidió que las partes aborden tres puntos: si los jueces de instancias inferiores podían dictar medidas con alcance en todo el país, si la política se ajusta a la ley y si vulnera el debido proceso o la Convención contra la Tortura.
Estos daños no pueden deshacerse
La tercera vez que la Corte desautoriza a Murphy
El juez federal Brian Murphy, de Boston, ya había intentado en dos ocasiones previas frenar estas expulsiones, y la Corte se lo había impedido. Con esta son tres. Su argumento es que los detenidos no reciben un aviso adecuado y, por tanto, se viola el debido proceso. En febrero de 2026 declaró ilegal la directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su orden obligaba a notificar por escrito, en una lengua comprensible para la persona, a qué país se le mandaría; a preguntarle si teme algo allí; y a revisar su caso si manifestaba temor. Chequeado indica que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito ratificó la sentencia el 19 de septiembre.
El procurador general John Sauer calificó la política como «una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores criminales extranjeros». En su petición de emergencia del 24 de septiembre añadió: «Aunque ciertos extranjeros puedan beneficiarse de dilatar su expulsión, la Nación no». Ambas citas provienen de NPR, que también recoge el planteamiento del DHS: las limitaciones impuestas por el tribunal inferior generaron una pesadilla logística, con vuelos cancelados y posibles roces diplomáticos.
Del lado de los demandantes, la abogada Trina Realmuto mencionó en sus escritos detenciones largas y arbitrarias, golpizas, agresiones sexuales y desapariciones. «Estos daños no pueden deshacerse», afirmó, según NPR.
México recibe casi todo y sin acuerdo a la vista
El proyecto The Deportation Project, al que cita Chequeado, cuenta 25,447 personas enviadas a terceros países del 20 de enero de 2025 al 31 de agosto de 2026. A México correspondió cerca del 79 %. Por su parte, Third Country Deportation Watch, iniciativa de Human Rights First y Refugees International, estima en unas 20,000 las personas no mexicanas llevadas al país entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026. Sus cálculos parten de datos del Instituto Nacional de Migración (INM), conseguidos mediante solicitudes de información hasta junio, y de una proyección para los meses restantes. México no publica esos números, aunque sí divulga los de sus connacionales repatriados.
No se conoce ningún convenio por escrito. Human Rights Watch documentó en mayo que ni Washington ni la Ciudad de México han divulgado el acuerdo o entendimiento que respalda los traslados. También que el Departamento de Justicia habló en marzo de 2026 de un «acuerdo vigente (no escrito)» con México, en virtud del cual el ICE había deportado a unos 6,000 cubanos durante el último año. El mismo informe contabiliza 12,977 nacionales de terceros países deportados a México de enero de 2025 a marzo de 2026; 4,353 eran cubanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito esa recepción como un acto humanitario. El 24 de junio de 2025 declaró: «Se les recibe, se ve si quieren irse a su país de origen. Si es así, se les traslada, y si no, se busca la manera de incorporarlos» (según Infobae). Respecto de la figura de tercer país seguro, agregó: «México no ha firmado nada de eso».
Cuando se trata de mexicanos, la postura cambia. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó el 21 de agosto que el gobierno acata las decisiones migratorias de otras naciones, «pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México», de acuerdo con Forbes. Chequeado cita cifras de mexicanos deportados desde Estados Unidos en 2026 hacia Guatemala (2,284), Honduras (365) y Costa Rica (11).
Autobuses al sur y presupuesto corto
Según HRW, los deportados se entregan en la frontera norte y el INM los lleva en autobús, en trayectos de dos a tres días, principalmente a Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), y en menor medida a Palenque y Tenosique. Un funcionario mexicano le explicó a la organización que se busca complicar su regreso al norte. Al salir, cada persona recibe un permiso de unos 10 días para regularizarse y se le sugiere solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El proyecto de presupuesto 2026 destinó a la Comar 109 millones de pesos, cuando en 2025 eran poco más de 47 millones; el INM pasó de 1,700 millones a 1,961 millones, de acuerdo con el análisis del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). HRW apunta que en 2023 la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aportó más del doble de lo que el gobierno federal asignó a la Comar. Según HRW, Estados Unidos entregó a ACNUR México 46 millones de dólares en 2023, 50 millones en 2024 y apenas 8 millones en 2025. La organización documenta demoras prolongadas en los trámites, pese a que la ley fija 30 días hábiles para iniciarlos.
El 26 de agosto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) informó que los centros de recepción de la frontera norte, montados para los mexicanos deportados, han quedado en buena parte vacíos desde abril, cuando Estados Unidos comenzó a trasladarlos en avión al interior del país. A los extranjeros de terceros países, en cambio, se les manda al sur. En Tapachula, de acuerdo con ese reporte, el INM los mantiene en la estación Siglo XXI; no hay para ellos vías reales de regularización y se les impide salir de Chiapas mientras corre el plazo para regularizarse.
Lo que sigue pendiente
Hasta que la Corte oiga los argumentos en diciembre y dicte sentencia, las deportaciones a terceros países seguirán sin las salvaguardas que Murphy había fijado. En paralelo, el gobierno de Trump comprometió unos 410 millones de dólares en acuerdos con 31 países hasta fines de junio; figuran Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Lo indican documentos internos revisados por The Washington Post y citados por Chequeado. México, por su parte, no ha hecho públicos los términos con los que admite a extranjeros que no son mexicanos.