Mexicana de Aviación y 13 aeropuertos, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 6 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por válida la base legal de ese esquema: declaró constitucionales las reformas de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, que autorizan al gobierno a entregar a empresas paraestatales, sin licitación pública, tanto aeropuertos como el servicio nacional regular de transporte aéreo.
Todos los ministros votaron en el mismo sentido, informó Infobae. El asunto se resolvió con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
podía impedir condiciones de neutralidad competitiva
Concursos fuera, topes accionarios fuera
Según Milenio, el texto da a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la facultad de expedir títulos de asignación a entidades paraestatales, sin concurso, para que administren, operen, exploten y construyan aeropuertos y presten el servicio nacional regular de transporte aéreo. Ese diario anota que, entre las metas declaradas, estaban recobrar la Categoría 1 en seguridad aérea y hacer posible que la Defensa operara una aerolínea comercial.
Otro cambio tocó el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos, que vedaba a las aerolíneas tener más de 5 % de una concesionaria aeroportuaria. Las paraestatales ya no están sujetas a ese límite, señala Infobae.
Lo que la Defensa administra, en cifras
La aerolínea Mexicana empezó a volar con pasajeros el 26 de diciembre de 2023. En su primer aniversario acumulaba 382,011 pasajeros, cerca de 13 % del objetivo de 3 millones al año que se fijó para 2027, de acuerdo con El Informador. Entre enero y septiembre de 2024, el gobierno le transfirió más de 1,474 millones de pesos, aparte de otros apoyos fiscales, para cubrir lo que sus ingresos no alcanzaban a pagar, según El País. El País informó también que en enero de 2025 suspendió 8 de sus 17 rutas, como Acapulco, Campeche, Uruapan y Puerto Vallarta, mientras se revisaba el contrato de arrendamiento de aeronaves con tripulación que mantenía con Transportes Aéreos Regionales (TAR).
En cuanto al AIFA, abrió el 21 de marzo de 2022. Su presupuesto original fue de 84,000 millones de pesos, y el costo reportado ya ronda los 115,981 millones, datos recopilados por Wikipedia. Infobae apunta tres cosas: la terminal espera rebasar los 8.3 millones de pasajeros en 2026; un decreto movió a Santa Lucía la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y el aeropuerto de Tulum, bajo administración de la Defensa, atraviesa problemas porque las aerolíneas comerciales redujeron el servicio.
Ese mismo día, de acuerdo con Infobae, la Corte aprobó asimismo, por propuesta del ministro Irving Espinosa, modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Estas fijan asignaciones por tiempo indefinido a paraestatales, fórmula en la que se apoya la operación del Tren Maya.
Cofece pidió rechazarla; la Corte respondió que no hay vicio
Mientras la reforma se debatía, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobarla. Según Infobae, el organismo advirtió que la norma podía impedir condiciones de neutralidad competitiva en el transporte aéreo y en la administración de aeropuertos.
Ortiz Ahlf contestó, conforme a Infobae, que esos peligros eran simples posibilidades y no un defecto de las normas impugnadas. Milenio añade que la ministra tuvo por infundados los argumentos de violaciones a la igualdad, la libre concurrencia y la competencia.
Para el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, los asignatarios del Estado persiguen fines de servicio público, no de lucro, a diferencia de los concesionarios privados, que buscan ganancias. Giovanni Figueroa Mejía, también ministro, dijo que el Congreso tiene facultades constitucionales para legislar en vías de comunicación. La ministra María Estela Ríos González dijo que la reforma no da funciones indebidas a autoridades militares, según Milenio.
La SICT sigue con asignaciones directas
Tras la sentencia, la SICT mantiene la facultad de dar asignaciones directas a paraestatales en aeropuertos y transporte aéreo regular, sin licitación. El tribunal que falló es el que quedó integrado tras la elección judicial de 2025.