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Sanción de Washington a Carlos Torres: Marina del Pilar ya no figuraba en su sociedad

El Tesoro de EU vincula al exmarido de la gobernadora de Baja California con el Cártel de Sinaloa y la UIF bloqueó sus cuentas. Sheinbaum evitó precisar si la FGR debe abrir una indagatoria contra ella.

Sanción de Washington a Carlos Torres: Marina del Pilar ya no figuraba en su sociedad

Washington sancionó el 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su hermano Luis Alfonso. El Departamento del Tesoro los metió en una lista de 21 personas y 25 entidades a las que liga con la facción del Cártel de Sinaloa que dirige Ismael Zambada Sicairos, «El Mayito Flaco», según El Universal.

Diecinueve días antes, el 10 de septiembre de 2026, el Registro Público de Comercio asentó que ella dejaba de ser accionista de Vida Orgánica Tijuana. Esa empresa la habían fundado en noviembre de 2020 ella, Carlos Torres y el hermano de este.

ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro

El mismo 29 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Torres y las de otras 45 personas y empresas de la lista, informó LatinUS. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema un día después, en su conferencia matutina. Dijo que una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no prueba por sí sola nexos con el crimen organizado. Sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a la gobernadora, no dio una respuesta directa.

Qué le atribuye el Tesoro a cada hermano

En el comunicado, la acusación contra Carlos Torres está entre las más concretas. «Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con El Ruso», reproduce El Universal. El diario agrega que, según el Tesoro, Torres empleaba su peso político para allanar el trabajo de los cárteles. Bajo ese apodo se conoce a Juan José Ponce Félix, a quien el mismo periódico presenta como jefe de plaza en Mexicali.

A Luis Alfonso Torres Torres, el Tesoro le achaca el lavado de dinero a través de empresas y campañas políticas, de acuerdo con Proceso. También aparece Pedro Ariel Mendívil García, quien fue director de Seguridad Pública de Mexicali y a quien Estados Unidos asocia igualmente con Ponce Félix. Según la OFAC, LatinUS reportó, Mendívil le hacía a Carlos Torres pagos cada mes.

Hay un antecedente: en mayo de 2025 el Departamento de Estado le quitó la visa a Torres «debido a su afiliación al cártel y a su labor en nombre del Cártel de Sinaloa», según El Universal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo en la traducción del diario que la acción demuestra que «ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro».

El alcance de una designación de la OFAC es acotado. Inmoviliza los bienes de los sancionados que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos y impide que personas y empresas de ese país hagan negocios con ellos. No equivale a una acusación penal ni necesita sentencia.

Vida Orgánica Tijuana: capital de 100,000 pesos y un asiento corregido

La sociedad nació con 100,000 pesos y un giro declarado: vender productos veganos y comida saludable. Marina del Pilar, Carlos Torres y Luis Alfonso Torres pusieron 15,000 pesos cada uno. Los documentos que revisó Proceso enumeran al resto de los socios: Juan Manuel Lameiro Camacho aportó 20,000 pesos; María del Socorro Terrazas Ciapara, 15,000; Luis Jaime Lameiro Camacho y Miriam Miranda Hernández, 10,000 cada uno. Los dos primeros socios se habían casado en septiembre de 2019.

El asiento del 10 de septiembre lleva esta explicación: «Por error involuntario se omitió asentar la participación social derivado de los acuerdos tomados por los socios». Con la modificación, la empresa quedó con seis socios y la parte de Carlos Torres subió de 15,000 a 30,000 pesos, justo lo que sumaban su cuota y la de la gobernadora. El documento no aclara si Ávila Olmeda vendió, cedió o transmitió su participación de otro modo, ni cuándo se tomaron los acuerdos que menciona.

Después del anuncio estadounidense, la gobernadora publicó un comunicado. Sostuvo que está divorciada legalmente de Torres y que solo los une el bienestar de su hijo. Aseguró que no aparece entre los sancionados, que no tiene cuentas ni propiedades en el extranjero y que su patrimonio está declarado ante autoridades mexicanas. Dijo además que mandó revisar si alguna de las empresas incluidas había contratado con el gobierno estatal. Proceso apuntó que el texto no menciona a Vida Orgánica Tijuana ni el cambio del 10 de septiembre.

El bloqueo de la UIF y el silencio de los acusados

La UIF atribuyó el congelamiento al «análisis de información financiera en donde se identificaron operaciones de riesgo e irregularidades». Aclaró que es «una medida de carácter preventivo y no es una determinación definitiva», de acuerdo con LatinUS. En las fuentes revisadas no hay ninguna declaración de Carlos ni de Luis Alfonso Torres sobre lo que se les imputa.

La respuesta de Palacio Nacional

El 30 de septiembre, Sheinbaum repitió en su conferencia que las sanciones de la OFAC no demuestran por sí mismas que los señalados estén ligados al crimen organizado, según El Universal. Describió cómo opera la UIF: si ve movimientos irregulares en una cuenta, puede pedir que se bloquee, y eso no desemboca de forma automática en una denuncia ante la Fiscalía. Se le preguntó si la FGR debía investigar a la gobernadora y a su exesposo. Ella no contestó de manera directa y describió el trámite de la UIF.

Como ejemplo recordó el caso de las entidades financieras que Washington señaló antes: «No hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia». Aludía a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que el 25 de junio de 2025 fueron señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), otra dependencia del Tesoro distinta de la OFAC, con apoyo en leyes estadounidenses contra el fentanilo, según el propio Departamento del Tesoro.

Queda pendiente lo que arroje la revisión de contratos que pidió la gobernadora: no hay resultados públicos. Tampoco la FGR ni el gobierno federal han dicho si su salida de Vida Orgánica Tijuana, 19 días antes de las sanciones, será objeto de alguna investigación.

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