Según NBC News, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) el viernes 9 de octubre. A diferencia de rondas anteriores, el blanco no son funcionarios sueltos, sino el tribunal entero, en el que trabajó como jueza la jurista Navi Pillay. Ese mismo día el Comité Noruego del Nobel le concedió el Premio Nobel de la Paz. NBC News recoge el anuncio de Rubio. El comité distinguió a la sudafricana Navanethem «Navi» Pillay, de 85 años, «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional».
Al Jazeera describe así la medida: queda prohibido operar con la corte, sus activos en suelo estadounidense se congelan, se castiga a las firmas que le den servicios y las compañías de Estados Unidos tienen seis meses para cerrar los negocios que aún tengan con ella.
un asalto al Estado de derecho y a los cimientos mismos del orden jurídico internacional
México pertenece al Estatuto de Roma desde 2006, y eso lo obliga a cooperar con la corte a la que Washington busca ahogar financieramente. Hasta el cierre de esta edición, sobrelínea no localizó ninguna postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Presidencia sobre las sanciones.
Quién es Pillay: de Durban a los tribunales internacionales
Pillay nació en Durban, en una familia tamil. En 1967 abrió su propio despacho en la provincia de Natal y fue la primera mujer no blanca en lograrlo, tras no encontrar bufete que la contratara, según su biografía. Asumió la defensa de opositores al apartheid. En 1995 Nelson Mandela la propuso para el Tribunal Superior de Sudáfrica, donde también fue la primera mujer no blanca con un asiento.
Ese mismo año pasó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que presidió entre 1999 y 2003. Integró la sala que juzgó a Jean-Paul Akayesu; su sentencia, del 2 de septiembre de 1998, sostuvo que la violación y la agresión sexual podían constituir actos de genocidio. De 2003 a 2008 fue jueza de la CPI. Renunció en 2008 para convertirse en Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, puesto que ocupó hasta 2014.
También presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que en septiembre de 2025 determinó que Israel había cometido genocidio en Gaza.
Al dar a conocer el premio, el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, afirmó, según SBS News, que «un hilo común recorre su trabajo temprano en defensa de Nelson Mandela y de otros que se alzaron contra el apartheid y su servicio como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo».
Las candidaturas evaluadas fueron 287: 208 de personas y 79 de organizaciones. El galardón trae 12 millones de coronas suecas, unos 1.7 millones de dólares, y se entregará el 10 de diciembre en Oslo.
Reacciones de Trump, Netanyahu y la propia Pillay
Donald Trump dijo que el comité «se avergonzó sin remedio» y retrató a Pillay como alguien que aborrece abiertamente a Estados Unidos y a Israel, según la recopilación de reacciones de Wikipedia. Para NBC News, Trump aseguró que el premio terminó en manos de «una persona liberal que trabaja en las Naciones Unidas, de la que nadie ha oído hablar», y que le correspondía a Estados Unidos, «representado por mí como su presidente». Insistió en que ha terminado con ocho guerras.
Benjamin Netanyahu dijo que el comité «ha perdido su brújula moral» y tachó a Pillay de «una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío».
Pillay se enteró en el Foro de Núremberg. Según SBS News, dijo en broma que, con un poco más de aplausos del público, tal vez compartiría el premio con Trump, y añadió que aún quería comprobar la noticia.
Primera vez que se sanciona a la corte entera
Washington comenzó su ofensiva contra la CPI el 6 de febrero de 2025, con la Orden Ejecutiva 14203 firmada por Trump, que sancionó al fiscal Karim Khan. Ese año hubo tres rondas más, contra jueces y fiscales adjuntos. La del 5 de junio incluyó, entre otros, a la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza y a la eslovena Beti Hohler. La del 20 de agosto, al francés Nicolas Guillou y a la canadiense Kimberly Prost. La del 18 de diciembre, al georgiano Gocha Lordkipanidze y al mongol Erdenebalsuren Damdin. Antes, en noviembre de 2024, la corte había emitido órdenes de detención contra Netanyahu y contra su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza.
Lo anunciado ahora cambia la escala. Con sanciones a la institución, la corte queda sin acceso a bancos alineados con Estados Unidos y sin servicios como los de Amazon Web Services, de acuerdo con el registro de las sanciones. Rubio la calificó de «corte rebelde». Según Al Jazeera, dijo: «Los Estados Unidos y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI». Y sumó: «O la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a la CPI».
Para la corte, las sanciones procuran «obstruir el curso de la justicia» y son «un asalto al Estado de derecho y a los cimientos mismos del orden jurídico internacional». El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «profundamente alarmado» y dijo que son «un golpe grave a nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional». Los cancilleres de Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Canadá y Japón expresaron estar «en fuerte desacuerdo» con la medida. México no está entre quienes firmaron ese pronunciamiento.
Qué compromisos tiene México bajo el Estatuto de Roma
México suscribió el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 y lo ratificó el 28 de octubre de 2005; entró en vigor para el país el 1 de enero de 2006, de acuerdo con el registro de Estados partes. Forma parte de los 125 países que aceptan la jurisdicción de la corte.
Dos disposiciones del tratado afectan lo que está en juego. Con el artículo 86, que inicia la Parte IX, los Estados partes quedan obligados a cooperar plenamente con el tribunal al investigar y juzgar los crímenes de su competencia. El artículo 115, de la Parte XII, dispone que la CPI se sostiene con cuotas de los Estados partes y con aportaciones de la ONU, siempre que las apruebe la Asamblea General. En consecuencia, México paga cuotas a una institución que dentro de seis meses no podrá trabajar con empresas estadounidenses, y conserva la obligación legal de colaborar con ella.
El Estatuto no exige a ningún Estado parte pronunciarse sobre sanciones de un tercero. Lo que sí le exige es seguir cooperando con la corte y pagar sus cuotas.
Fechas por delante: abril y junio de 2027
Los seis meses que tienen las empresas estadounidenses para romper con la corte se cumplen en abril de 2027. En junio de ese año se hará efectiva la salida de Burkina Faso, Mali y Níger, que avisaron de su retiro del Estatuto en junio de 2026. Según el artículo 127, un retiro rige un año después de la notificación y no afecta la cooperación en investigaciones y procesos comenzados antes. Pillay recibirá el premio en Oslo el 10 de diciembre.