The Wall Street Journal publicó el 7 de octubre una nota sobre una reunión en Palacio Nacional. Según el resumen de Vanguardia, el WSJ cuenta que la presidenta Claudia Sheinbaum interrogó a su equipo sobre los planes de congelar las cuentas bancarias de exfuncionarios ligados al gobierno de Baja California y que mostró especial dureza con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con esa versión, preguntó si México debía suponer que Washington contaba con pruebas firmes de los vínculos criminales de esas personas. Las fuentes del diario afirman que al final dio su aval al congelamiento para no afectar la cooperación con Estados Unidos.
Sheinbaum dedicó una parte de la mañanera del jueves 8 de octubre a restarle crédito al reportaje, pero no negó el hecho principal que el periódico le atribuye: haber cuestionado a su equipo de seguridad antes de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a esas personas, y haber autorizado el bloqueo. «Siempre regaño a todo mundo», contestó. No habló de forma concreta de la reunión ni del congelamiento.
Siempre regaño a todo mundo
Una respuesta sobre el tono y no sobre los hechos
Su réplica giró alrededor del trato con García Harfuch y de la confiabilidad del diario. Según El Universal, afirmó: «No, no es regaño. Mi equipo sabe que siempre les digo: “no hay que ser autocomplacientes”». Del periódico dijo: «¡Pero sale en el Wall Street Journal! ¡Por Dios! O sea, viven de la mentira, del chisme».
Según Milenio, la presidenta tildó el reportaje de «pura especulación» y, en la misma respuesta, dijo estar «muy satisfecha, contenta, muy positiva de los dos años» de gobierno. Vanguardia anota que explicó que revisar el trabajo de su equipo «no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía» y que en la nota «no hay nada de fondo». El minuto a minuto de Ámbito coloca la respuesta alrededor de las 12:28 h y registra otra frase contra el diario: «Ya nadie los lee».
Sheinbaum negó estar enojada con su secretario de Seguridad y desechó el reportaje en términos generales, sin tocar sus datos específicos. Vanguardia lo asienta con claridad: la mandataria «no se refirió de manera específica al congelamiento de cuentas bancarias ni confirmó o descartó que hubiera ocurrido la reunión descrita por el diario estadounidense».
Qué decía el Tesoro el 29 de septiembre
Lo que el WSJ narra se apoya en un documento oficial. El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro dio a conocer sanciones contra la cúpula del Cártel de Sinaloa y sus redes de corrupción. Alcanzaron a 21 personas y 25 empresas. Entre ellas está Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco», a quien el Tesoro identifica como jefe de la facción de Los Mayos desde que su padre fue detenido en 2024.
En lo que el Tesoro califica de esquema de «narcocorrupción» figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena. Según el comunicado, es un operador político ligado al cártel y aliado de Juan José Ponce Félix, «El Ruso», que aprovecha su influencia para resguardar a la organización de la acción de las autoridades en el estado. Las designaciones incluyen además a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, a quien se señala de recibir sobornos y de lavar dinero con empresas y campañas políticas, y a Pedro Ariel Mendívil García, ex director de Seguridad Pública de Mexicali, acusado de cobrar sobornos de «El Ruso» para que el cártel controlara la policía municipal. El Tesoro recuerda que el Departamento de Estado le retiró la visa a Carlos Torres en mayo de 2025 y sostiene que el esquema llegó a los niveles más altos del gobierno estatal. El documento no nombra a la gobernadora.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, agregó un mensaje para México. De acuerdo con el comunicado, con esta acción queda claro que ningún capo, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de su dependencia. El texto no habla de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni con otra autoridad mexicana.
La UIF bloquea en México
Ese mismo 29 de septiembre, según Uno TV, la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, sumó a su Lista de Personas Bloqueadas a 21 personas físicas y 25 empresas, tras la designación de la OFAC. Se contaban Zambada Sicairos y Carlos Alberto Torres Torres. La UIF puntualizó que «esta acción administrativa no representa una determinación de responsabilidad penal» y que los incluidos tienen derecho de audiencia y pueden acudir a los recursos legales que correspondan.
El bloqueo coincide con la decisión que el WSJ adjudica a la presidenta. Falta saber, porque el gobierno no lo ha dicho en público, bajo qué criterio se determinó congelar las cuentas de los Torres Torres y de los demás incluidos, y si en la reunión que cuenta el diario se debatió qué tan sólidas eran las pruebas de Washington.
La postura de Baja California y la investigación de la FGR
El gobierno de Baja California contestó el día de las sanciones. Según Expansión, explicó que la gobernadora y Torres Torres «están legalmente divorciados» y que lo único que los une es el bienestar de su hijo. Dijo además que ella no aparece entre los sancionados por la OFAC, que encargó a la Oficialía Mayor averiguar si las empresas señaladas tuvieron contratos con el Ejecutivo local y que «las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes».
Carlos Torres ya estaba bajo investigación federal. En enero, la gobernadora confirmó que la Fiscalía General de la República lo investiga por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, y afirmó que no se metería en el proceso.