Quien imite, copie o incorpore la identidad gráfica de una institución pública para engañar y cometer un ilícito podrá ir a prisión de uno a cinco años. Así lo dispone el artículo 403 Bis, que el Senado aprobó el 30 de septiembre dentro de una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal sobre piratería. En redes y en tribuna se le llamó «Ley antimemes».
El precepto se suma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Además de la cárcel, fija una multa de 1,000 a 10,000 UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito, de acuerdo con Excélsior. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
¿Quién va a decidir cuándo una parodia, deja de ser parodia y se convirtió en un intento de engañar?
Votaron a favor Morena, el PT y el Partido Verde. Las cifras de la votación no coinciden entre los medios: El Universal informó de 72 votos a favor y 34 en contra, mientras que Excélsior y Político MX anotaron 68 a favor y esos mismos 34 en contra. Entre quienes votaron en contra estuvieron los de PAN, PRI y MC, y también el senador verde Luis Armando Melgar.
Cómo se lee el 403 Bis
Este examen toma la redacción que reprodujeron Excélsior y Político MX. Sobre lo ocurrido en el pleno, las fuentes no concuerdan. Según El Universal, la mayoría oficialista presentó una reserva para precisar el dolo en el 403 Bis; según Político MX, el artículo se mantuvo igual. Lo que fije la minuta que llegue a Diputados será el texto definitivo.
Lo que llegó al pleno tampoco es lo que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum. En el paquete original la pena era de tres a siete años de prisión, según Político MX. Las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, Primera, redujeron la sanción a uno a cinco años y delimitaron la conducta con base en ajustes que propuso Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia. La finalidad del uso tiene que ser engañar sobre el origen oficial de una comunicación, un documento, una plataforma o un sistema informático, y debe estar ligada a la comisión de un ilícito. La multa quedó igual.
El tipo penal arranca con cuatro verbos: utilizar, reproducir, imitar o incorporar. Basta con uno. Por eso no hace falta que el logotipo sea una copia exacta, pues una imitación también cae en el supuesto.
El segundo elemento es «a escala comercial». La mayoría sostiene que es lo que separa a un usuario de redes de una operación fraudulenta. En el análisis de Político MX, sin embargo, el artículo no define el alcance de esa escala ni precisa qué es la «identidad gráfica», más allá de los elementos oficiales de las instituciones públicas. Si la ley no lo define, la fiscalía y los jueces tendrán que decidir qué volumen o alcance basta para configurarla.
El tercero, «inducir al error o engaño», describe lo que se busca provocar: que alguien crea que una comunicación, un sitio o un documento viene de una autoridad. El cuarto, «con la intención de cometer un ilícito», incorpora el dolo. Como el Código Penal Federal se aplica en forma supletoria a los delitos de leyes especiales, vale su artículo 9: actúa con dolo quien conoce los elementos del tipo penal, o prevé como posible el resultado típico, y aun así quiere o acepta que el hecho ocurra. En el 403 Bis la intención no puede ser vaga, porque tiene que orientarse a cometer un ilícito, y es el Ministerio Público el que debe demostrar ese propósito.
El texto dice «un ilícito» y no menciona un delito específico. El morenista Cuauhtémoc Ochoa afirmó en tribuna que «aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme», y enumeró tres condiciones: escala comercial, hacer pasar algo por oficial para engañar e intención de cometer un fraude, según El Universal. Pero en la versión que describen Excélsior y Político MX, el artículo no habla de fraude, sino de cualquier ilícito.
Lo que decidirá la autoridad
El dictamen carece de excepciones expresas. Antes del pleno, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, había solicitado una excepción explícita para periodistas y parodias, de acuerdo con Político MX. Lo aprobado no la contiene. La panista María de Jesús Díaz Marmolejo criticó que la reforma recurre a conceptos amplios como «identidad gráfica» y «escala comercial», sin excluir de manera explícita la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el trabajo periodístico ni la creación artística.
Otra panista, Guadalupe Murguía, previno que la reforma no sanciona específicamente memes o sátira, pero que su redacción puede permitir que contenidos de crítica política queden a merced de la interpretación de las autoridades, según Excélsior. Desde la tribuna, Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, cuestionó: «¿Quién va a decidir cuándo una parodia, deja de ser parodia y se convirtió en un intento de engañar?», de acuerdo con El Universal. Melgar afirmó que «cuando está de por medio la libertad, la ley tiene que ser precisa», según Político MX.
En la mayoría la réplica fue que lo sancionado es la suplantación. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, dijo que la crítica, la sátira y el debate público son propios de una democracia, y que otra cosa es hacerse pasar por una institución para engañar, informó El Universal. Corral dijo que «con la modificación, queda claro el alcance del delito», que «consiste en usar la identidad gráfica con el fin de engañar a la población para la comisión de un ilícito, no con fines políticos», según Excélsior.
El punto más áspero de la discusión llegó cuando la panista Lilly Téllez proyectó una parodia política y calificó de «narcopolíticos» a legisladores. La senadora verde Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la acusó de amenazas y adelantó que presentará una denuncia penal contra ella, informó El Universal.
Cuatro votos de diferencia y el turno de Diputados
Las dos cifras publicadas se separan por cuatro votos: 72 más 34 dan 106 senadores, y 68 más 34 dan 102, en un pleno de 128. Ninguna nota explica el desajuste, y esta redacción no logró consultar el registro nominal oficial del Senado. El desenlace no depende de eso: una reforma a leyes secundarias requiere mayoría simple, y ambos totales la rebasan con holgura.
La sesión también dejó un reclamo dentro de la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC, señaló que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y Añorve no tomaron parte en la votación, según Político MX.
En San Lázaro, Diputados funciona como cámara revisora. El artículo 72 de la Constitución le abre tres opciones. Puede aprobar la minuta tal cual y remitirla al Ejecutivo para su publicación; puede desecharla, y entonces regresa al Senado con observaciones; o puede modificarla, caso en el que el Senado discute únicamente los artículos cambiados. En esa vía caben las propuestas que la oposición presentó en el Senado y que la mayoría no aceptó: definir «escala comercial» e «identidad gráfica», y sumar excepciones expresas para la sátira, la parodia y el periodismo.
Las notas consultadas no mencionan fecha para el dictamen en Diputados. El periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre. Si el asunto no se resuelve antes, pasará al periodo siguiente, que arranca el 1 de febrero, cuando ya esté en marcha el proceso electoral federal de 2027.