La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) cierra un capítulo político y abre una pregunta institucional. Esta redacción no afirma que Taddei sea responsable de lo que se le imputa; no hay resolución que lo establezca, y ella conserva la presunción de inocencia. Afirma otra cosa. Una renuncia detiene el escándalo político, pero no responde a la pregunta que importa: cuánto dinero público se pagó, a quién y con qué reglas.
Lo que se sabe
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una investigación sobre contrataciones del INE y de los organismos públicos locales electorales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras. Los reportes hablan de contratos electorales desde 2014 en al menos 13 estados. Los montos que circulan, de 200 millones, 514 millones, mil millones y 1,767 millones de pesos, no coinciden entre sí y ninguno está conciliado en una fuente oficial pública.
Esa dispersión es el primer problema. Cuando las cifras de un posible daño al erario varían en un factor de más de ocho, la ciudadanía no puede saber qué se está investigando. Tampoco puede saber si se trata de un solo caso o de un patrón. La renuncia, anunciada el domingo 25 de octubre para presentarse ante la Cámara de Diputados el lunes 26, no resuelve esa duda. Taddei defendió sus 33 años de trayectoria electoral y pidió que los señalamientos se verifiquen por las vías institucionales. Esa es, precisamente, la vía que esta redacción considera que debe hacerse visible para la ciudadanía.
El calendario como problema
El INE se prepara para las elecciones federales de 2027, con 17 gubernaturas en disputa. El instituto debe contratar materiales, servicios y logística para ese proceso. Una investigación sin calendario público deja una pregunta incómoda: si las adjudicaciones de los próximos meses se harán con los mismos proveedores bajo sospecha, o bajo reglas nuevas.
La sucesión añade otro riesgo. Los consejeros deberán elegir a una presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados designa a quien concluya el periodo hasta abril de 2032; se estima que sustituirla tomará cinco semanas. Es un lapso corto para un cargo que requiere un amplio consenso político, y largo para un organismo que debe contratar antes de las elecciones.
Qué debe hacerse
Esta redacción sostiene que hay tres decisiones que no dependen del resultado de las investigaciones.
La primera es el método de la designación. La Cámara de Diputados debería realizar un proceso público, con un calendario anunciado, con la publicación de los perfiles de las personas aspirantes, sus declaraciones patrimoniales y de intereses, y con comparecencias abiertas. Un nombramiento acordado entre fuerzas políticas sin esa transparencia repetiría el origen del problema: la desconfianza.
La segunda es la información. La ASF debería publicar un calendario de las etapas de su investigación y una versión pública de sus hallazgos preliminares, con montos conciliados, para que la ciudadanía distinga entre irregularidades confirmadas y señalamientos.
La tercera es la prudencia contractual. Mientras duren las investigaciones, el Consejo General debería abstenerse de adjudicar contratos nuevos a las empresas señaladas, o hacerlo solo mediante licitaciones abiertas con testigos sociales. Esto no presume culpa: protege al instituto.
Dos objeciones previsibles
La primera es que pedir un calendario a la ASF invade su autonomía técnica. No es así: publicar etapas y fechas no compromete las conclusiones de una auditoría, solo permite saber cuándo habrá información. La segunda es que el INE no puede detener sus compras. Tampoco debe hacerlo: la petición no es suspender el proceso electoral, sino que las adjudicaciones a proveedores señalados se hagan con reglas que un tercero pueda verificar, como licitaciones abiertas, publicación de las bases y testigos sociales, la figura que en las contrataciones públicas observa el procedimiento de manera independiente.
Las contrataciones electorales no son un asunto marginal. Sin boletas, urnas y sistemas informáticos no hay elección, y por eso la confianza en cómo se compran esos insumos importa tanto como la confianza en cómo se cuentan los votos. Un instituto que llegue a 2027 con sus proveedores bajo sospecha y sin presidencia definida tendrá que defender cada decisión desde una posición débil.
La petición
Esta redacción pide a la Cámara de Diputados que anuncie, antes de que concluya octubre, el calendario y las reglas de la designación de la nueva presidencia del INE, con comparecencias públicas y declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas aspirantes. Pide a la Auditoría Superior de la Federación que publique un calendario de su investigación y una versión pública de los resultados preliminares con montos conciliados. Y pide al Consejo General del INE que suspenda las adjudicaciones directas a proveedores señalados mientras no concluyan las investigaciones.
La renuncia de Taddei se presenta ante Diputados el 26 de octubre; esta redacción pide que el calendario de la sucesión se conozca antes de que termine el mes.