«Hay algo de paternalismo muy fuerte en el gobierno todavía, pensando que necesitamos ser salvados, pero en realidad necesitamos las condiciones para crear, para hacer, para vender, para levantar», dijo el poeta y cineasta mazahua Alfredo Guzmán Cayetano a El Universal. Con él, otros cuatro creadores de pueblos originarios aprovecharon el 12 de octubre, fecha que desde 2020 se recuerda como Día de la Nación Pluricultural, para pedir presupuesto, materiales y acceso a mercados en lugar de tutela.
Sus declaraciones coinciden con el debate del gasto federal. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 propone una Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII) con 221.8 millones de pesos, y un incremento de 18.2 % real para el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).
Estamos a muchos años de que la política pública se refleje con el discurso cultural
El diario habló con el propio Guzmán Cayetano, autor de Te encontraré en el bonrro, Mizhokjimi mío (UNAM, 2026); con Noé Martínez, artista visual y cineasta de ascendencia huasteca que estuvo en la Bienal de Venecia de este año; con Claudia Marinclán, artista escénica de origen jñatrjo y náhuatl que fue becaria de Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) 2022-2023; con el poeta y promotor cultural mazahua Esteban Bartolomé Segundo Romero, y con Christian Ortiz Eleno, cartonero de segunda generación que lleva 24 años en el oficio. Todos apuntan tres fallas del apoyo institucional: el utilitarismo, los clichés que se perpetúan y el paternalismo.
Una sola etiqueta para 68 pueblos
Para Guzmán Cayetano, las instituciones meten toda la identidad indígena en una categoría. «Detrás de la palabra indígena hay estereotipos raciales, económicos y culturales muy presentes», afirmó. Subrayó que México tiene 68 pueblos, cada uno una nación distinta, y que los apoyos van sobre todo a comunidades del sur, mientras los pueblos del centro y del norte quedan sin atención. También puso en duda la idea del mestizaje, que a su parecer es una mentira útil para el país.
Los datos del censo ayudan a explicar esa concentración. Según el comunicado del INEGI sobre el Censo de Población y Vivienda 2020, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero concentran 50.5 % de los 7,364,645 hablantes de alguna lengua indígena de tres años o más. Quienes se identifican como indígenas son bastantes más: 23.2 millones de personas, 19.4 % del total de esa edad, y 69.2 % de ellas no habla lengua originaria. El instituto registra 68 lenguas indígenas en uso. Las que más se hablan son el náhuatl (22.4 %), el maya (10.5 %) y el tseltal (8.0 %).
Noé Martínez habló de una brecha entre lo que dice el discurso y lo que hace la política pública. «Estamos a muchos años de que la política pública se refleje con el discurso cultural», sostuvo. Dijo que las políticas actuales son «muy incipientes» y que «después de varios años vamos a saber qué tanto aportan o no». Admitió que a quien logra vender sus artesanías en lugares como Los Pinos u Original a un precio «justo, entre comillas» le va bien, aunque eso, aclaró, no asegura el desarrollo ni la continuidad de las artes propias. Sobre los gestos simbólicos, afirmó: «Quitar un nombre de la calle es uno de los ingredientes para guisar, pero no tenemos un platillo si los otros elementos no están».
Segundo Romero pidió presupuesto para investigar y para preparar materiales didácticos dirigidos a maestros y niños. «Nos falta mucho por hacer, por ejemplo, recuperar nuestra historia, que es netamente oral», expresó.
Entre la visibilidad y el folclor
Marinclán ve con buenos ojos que se dé visibilidad a comunidades que lo necesitaban y que se preserven costumbres, tradiciones y rituales. Con todo, advirtió: «Siento que eso también enmarcaba mucho la creación a un sistema cerrado». En su opinión, no se veía forma de salir de esa estructura, «como si la población indígena no tuviera miles de formas para desarrollarse y muchos lenguajes». Respecto a la recuperación de las lenguas originarias, afirmó que va más allá del idioma: «Es recuperar una ideología, una cosmovisión, una experiencia de vida».
Ortiz Eleno reconoció que las autoridades se preocupen por reincorporar las lenguas originarias, pero apuntó que algunas están mejor «detrás de un aparador». Previno también contra la folclorización: «Muchos pueblos por querer sacar recurso, están intentando regresar a sus raíces, pero desde un punto de vista folclorizado, sin usos y costumbres, sin tradiciones». Y agregó: «La historia es contada por los vencedores, pero el tiempo le da la razón a los vencidos».
Los números del presupuesto 2027
El proyecto de gasto que llegó a la Cámara de Diputados asigna 15,858 millones de pesos a la Secretaría de Cultura federal, contra 15,082 millones en 2026: un aumento real de 1.9 %, de acuerdo con el análisis de Excélsior. Una de las novedades es la UCVPII, dirigida por Diego Prieto, con 221,751,000 pesos.
Fonart subiría de 139.5 a 170.2 millones de pesos. El diario lo atribuye en parte a que el fondo se hará cargo del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Fonart es un fideicomiso público del Gobierno federal que se presenta como el organismo rector de la actividad artesanal, y su mandato formal concuerda con una de las peticiones de los entrevistados: acompañar a los artesanos desde que producen hasta que comercializan.
Los recortes también existen. Según ese mismo análisis, al INBAL le tocaría una disminución real de 2.9 % y al INAH una de 2.2 %, y la Subsecretaría de Desarrollo Cultural bajaría de 692.8 millones a 184.4 millones de pesos. Excélsior no precisa cuánto de lo que recibiría la UCVPII irá a becas, investigación o materiales, que son los rubros que reclaman los creadores.
La ley vigente y los plazos
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas rige desde enero de 2022. Reconoce que las comunidades tienen propiedad intelectual colectiva sobre sus conocimientos y expresiones tradicionales, y exige su consentimiento libre, previo e informado para que otros los utilicen. El artículo 74 tipifica la apropiación indebida y el 75 la sanciona con prisión de dos a ocho años. La norma busca proteger el patrimonio del uso indebido y no establece un fondo propio: su segundo transitorio indica que los gastos de su aplicación saldrán del presupuesto aprobado de cada dependencia.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el PEF 2027, y en ese lapso se sabrá si la UCVPII y el aumento a Fonart mantienen sus montos. Las cifras son las del proyecto enviado por el Ejecutivo y pueden variar durante la discusión legislativa.